Poder electoral

En algunos sistemas constitucionales se habla del “cuarto poder” al lado del ejecutivo, el legislativo  y el judicial. Ese llamado “poder electoral” se ha ido depurando en el curso de nuestra historia hasta hoy.

Pasamos de los “chocorazos” del siglo XIX y comienzos del XX -como la discutida elección de Rafael Reyes en 1904 - que hicieron que se acuñara la frase “el que escruta elige”, a una organización electoral que, después de la segunda mitad del siglo XX, ha generado confianza en los colombianos. Quedó atrás la época en que la discusión de un código electoral generó una balacera en la Cámara de Representantes que produjo muertos.

Es verdad que en la elección de 1970 hubo dudas, aun cuando el resultado lo convalidó finalmente una entidad respetable como la Corte electoral, lo que dio lugar a que sectores descontentos del anapismo crearan el M19, un movimiento armado que según sus fundadores buscaba hacer respetar por las armas el triunfo del ex dictador Gustavo Rojas Pinilla. 

El país ha ido perfeccionando los instrumentos para garantizar la pureza del sufragio. Hoy es prácticamente imposible que el mismo día  de las elecciones se pueda dar un “chocorazo”. La Constitución del 91, con sus defectos, diseñó un aparato integrado fundamentalmente por el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría, y en cierta forma, por la sección Quinta del Consejo de Estado y su Sala Plena. 

El origen puramente político del Consejo Nacional Electoral  ha despertado dudas como las que ahora plantea el presidente por la decisión de abrirle investigación a su campaña por violar los topes. Es cierto que la ponencia fue aprobada por magistrados que vienen de partidos que están en la oposición -con la excepción del magistrado del partido Verde- pero también lo es, que precisamente los propuestos por el partido del presidente votaron a su favor. 

Lo mismo sucede en la comisión de acusaciones en donde parlamentarios, fungiendo como jueces, pueden estar movidos por  interés político, aun cuando no siempre se puede partir de esa premisa. Ya fue desechada en la reforma política la idea inconveniente de trasladarle esa responsabilidad a las altas Cortes. Se mantiene la elección por el Congreso - lo cual no es malo per se- pero ya sin cuotas precisas a cada partido, opera mediante concurso y con una serie de requisitos, entre otros, que los elegidos no hayan participado en actividades electorales en los últimos siete años y, que deban acreditar experiencia en derecho electoral.

El otro pilar de la organización es la Registraduría Nacional que en los últimos años ha ido ganando respetabilidad  entre los colombianos por la eficacia y agilidad con que se transmiten los datos electorales. No parece tranquilizante que desde ciertos sectores -incluidos los gubernamentales- se pretenda minar la credibilidad de esta entidad con lo que podríamos llamar una especie de acoso judicial, disciplinario o asfixia económica. Estando a un poco más de dieciocho meses del proceso electoral con miras al Congreso y a la presidencia, no está bien que, sin fundamentos serios, se ataque a la institución y a su titular.

Es más, con razón siempre se ha sostenido que no es buena práctica cambiar las reglas electorales cuando ya se ha comenzado el proceso pues eso puede interpretarse como una indebida injerencia de otros poderes en la actividad de quienes garantizan la pureza y eficacia del voto. La misma reforma política en curso, debería tramitarse en época distinta a la de los ajetreos electorales.

En cuanto  al papel del Consejo de Estado en temas electorales,  los últimos años han demostrado la celeridad con que ese cuerpo supremo de lo contencioso administrativo cumple con su función. Son cosa del pasado las decisiones que se tomaban cuando ya había transcurrido el periodo para el cual había sido elegido el funcionario cuya elección se demandaba. Tampoco  habría que minar la credibilidad de este organismo. Se puede pensar en ajustar el aparato electoral, pero no en época de elecciones y con motivaciones partidistas.