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No siempre precisamos si por democracia entendemos la celebración periódica de elecciones, dejando de lado todas las demás condiciones que permiten realmente al ciudadano participar en la integración de los órganos del poder y en la conducción de los asuntos públicos. Solemos repetir muchos lugares comunes, como el de que somos la democracia más sólida de la América Latina, sin reflexionar si es una realidad o no.
A comienzos del siglo XX, por un “chocorazo”, tuvimos la dictadura de Reyes, una constituyente de bolsillo que le prorrogó el periodo al dictador que finalmente terminó huyendo por Santa Marta. Para salir del estado de hecho que dejó el dictador, se acudió a un mecanismo no previsto y reorganizar el Estado de Derecho a través del Acto Legislativo Nº 3 de 1910, con una Constituyente que designó presidente provisional.
En 1949, cuando el presidente Ospina Pérez iba a ser juzgado por el liberalismo, cerró el Congreso y el país fue gobernado durante 10 años por decretos de Estado de Sitio y en la práctica, desapareció la separación de poderes.
Recientemente, en El Espectador, el abogado e historiador Guillermo Pérez, recordó que el 6 de septiembre de 1952, durante el régimen conservador de Laureano Gómez, fueron incendiadas las casas de los jefes Carlos Lleras y Alfonso López, quienes tuvieron que irse al exilio. En 1953, hubo el golpe militar del general Rojas Pinilla, quien gobernó de facto hasta 1957, por cierto, con el apoyo de muchos políticos conservadores y uno que otro ‘lentejo’ liberal.
En 1957, Rojas Pinilla fue reemplazado por una junta militar que él mismo designó. Esa junta asesorada por políticos de los dos partidos, usó un mecanismo no previsto hasta entonces –el plebiscito– para restablecer el orden Constitucional. Esta convocatoria de facto, necesaria para terminar la violencia liberal conservadora, diseñó por 16 años las antidemocráticas instituciones de la paridad y la alternación que entronizaron el bipartidismo y excluyeron otras fuerzas políticas.
En la dictadura militar se ilegalizó el Partido Comunista y durante 10 años todas las materias fueron reguladas por normas de Estado de Sitio. Al restablecerse las elecciones en 1958, el primer gobierno del Frente Nacional, tramitó una ley en el Congreso adoptando como legislación permanente toda la normatividad de excepción ya que el levantamiento de la figura dejaba sin efecto los decretos y el país quedaba prácticamente sin normas.
En 1970, se produjo la discutida elección de Misael Pastrana, que dio lugar a que algunos partidarios de Rojas Pinilla consideraran que debían alzarse en armas para hacer respetar su triunfo, lo que dio lugar al surgimiento del M-19 como movimiento guerrillero. En 1990, básicamente por un problema de orden público, y utilizando la odiada figura de Estado de Sitio, se desencadenó un proceso constituyente desconociendo la Constitución entonces vigente, aun cuando lo autorizó la Corte Suprema por una mayoría de dos votos.
El eslogan de pasar de la democracia representativa a la participativa, no ha dejado de ser eso, un enunciado, pues no han sido eficientes mecanismos como el cabildo abierto, el referendo, o la revocatoria de mandato. Curiosamente, la actual Constitución fue elaborada por un cuerpo constituyente, en cuya elección se presentó una abstención de más del 70%. Eso sí, seguimos diciendo que fue la participación del “pueblo soberano” o del “constituyente primario”.
Tampoco se han aclimatado conceptos indisolublemente ligados a la democracia real, como la separación de poderes y la responsabilidad política de los funcionarios. ¿No será que seguimos viviendo de ficciones y eludimos el tema de verdaderas transformaciones económicas y de estructuras sociales que faciliten la participación y el cambio político? Esa tesis la planteó Murillo Toro, a mediados del siglo XIX.
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