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Aun cuando la Constitución, consagra la separación de poderes entre Congreso y Gobierno, en la práctica, esta se ha visto seriamente afectada por el clientelismo. Y eso no es sólo de ahora. La crisis de la figura ha sido agudizada por la desaparición de los partidos que ha llevado, como lo admite el ministro del Interior, a la negociación “al detal”.
En 1996, cuando la Cámara precluyó la investigación en contra del entonces presidente Ernesto Samper por el proceso 8.000, la Sala Penal de la Corte inició investigaciones contra los parlamentarios amigos del mandatario, pero se abstuvo de hacerlo contra los enemigos que habían votado en su contra. Por una tutela de la parlamentaria Viviane Morales, la Corte Constitucional, con ponencia de Carlos Gaviria, ordenó el archivo con la tesis válida de que los congresistas eran inviolables por el sentido del voto. Eso sí se mantuvo, sin éxito, contra quienes se les demostrara haber recibido prebendas del gobierno a cambio de su voto.
En medio de la euforia por los éxitos de Uribe contra la guerrilla, se tramitó un extraño acto legislativo que permitía la reelección inmediata, en contravía de la prohibición expresa de esa figura consagrada en la Constitución. Cuando se tenían los votos para hundir la propuesta, los parlamentarios Yidis Medina y Teodolindo Avendaño “se voltearon”. Ella, después de haber sido recibida en el Palacio de Nariño -en calle de honor que le hicieron entre otros Rafael Pardo y Gina Parodi- y él, retirándose estratégicamente alegando un súbito ataque estomacal.
El entonces representante Germán Navas Talero los denunció por cohecho por esas maniobras. Lástima que hoy, por su condición de embajador del Pacto Histórico, ya no esté activo. La Corte no solamente condenó con pena de prisión a los dos parlamentarios -por cierto, los demás que también recibieron prebendas, pero con apellidos menos populares, pasaron de agache- sino a los ministros del Interior y de Protección Social. La Corte Constitucional también pidió revisar la decisión por haber estado mediada por ese delito. La efervescencia por la operación Jaque, que permitió la incruenta liberación de los secuestrados por las Farc, el mismo día en que se haría el pronunciamiento, ahogó el debate y la Constitucional no le hizo caso a la Suprema.
La Constitución del 91 (art. 183) estableció como causal de pérdida de investidura el tráfico de influencias si el parlamentario recomienda puestos al gobierno de turno. Muy pocos han perdido la investidura. Debería plantearse el debate sobre esa prohibición, ya que hasta ahora solo se aplica de manera selectiva. Particularmente, cuando quedan pruebas o se “da papaya”, como parecería ser en este caso la confesión de parte.
Pero en verdad, si se aplicara estrictamente, hace mucho hubiéramos tenido revocatoria casi total del Congreso. ¿Cuántos parlamentarios de antes o de ahora podrían jurar mano en Biblia que no han hecho recomendaciones burocráticas ante ministros o funcionarios gubernamentales? ¿Fueron acaso Sabas Pretelt y Diego Palacios los únicos ministros que, en aras de la “gobernabilidad”, repartieron puestos por votos?, ¿Fueron Yidis y Teodolindo los únicos que aceptaron?
¿No será hora ya de revisar esa norma Constitucional y admitir que eso que llaman la “gobernanza” pasa por repartir puestos a los aliados? De pronto hasta habría que revisar las condenas contra los dos exministros. En entrevista para la revista Cambio el senador Ariel Ávila, reconoce ese intercambio. Al criticar que Petro hubiera desbaratado la coalición dice: “se había logrado armar una coalición de gobierno que estuvo mediada por puestos y demás. Eso es de público conocimiento...”. O todos en la cama o todos en el suelo. A propósito de la sentencia de prisión contra el exsenador Mario Castaño, consentido de un sector del liberalismo, debería revisarse todo el entramado político que le permitió armar y beneficiarse de semejante red de corrupción política y administrativa.
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