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En el proceso penal, es claro que rige la regla fundamental de nuestro Estado de Derecho según la cual toda persona se presume inocente mientras no sea oída y vencida en juicio. En términos prácticos, nadie puede ser considerado delincuente hasta que no exista en su contra una condena con sentencia judicial ejecutoriada, para lo cual se requiere, entre otros pasos: audiencia de imputación; acusación en la Fiscalía; sentencia de primera y segunda instancia si hay lugar a ello, sentencia de casación y, eventualmente, decisión de tutela.
En nuestro sistema, en la práctica, entre el primero y el último paso pueden pasar entre ocho y veinte años.
Basta con recordar que cuando Pablo Escobar fue abatido en diciembre de 1993 no tenía en su contra sentencia ejecutoriada. Por ese mismo principio de presunción de inocencia ha habido casos en que condenados en segunda instancia por delitos graves no van a la cárcel hasta tanto su sentencia no quede en firme. Implicados en este escándalo y en muchos otros en pasados gobiernos suelen escudarse en que no han sido condenados y que esperan las decisiones judiciales. La argumentación es válida en el terreno penal pero no en el político.
La responsabilidad política -que entre nosotros casi nunca se aplica- tiene que ver con el funcionamiento mismo de la democracia, el rigor, la eficacia y la moralidad en el ejercicio de la función pública. Por eso los servidores públicos responden por acción, por omisión o por extralimitación en el ejercicio de las funciones, aun cuando las conductas no se enmarquen en un tipo penal. Por ejemplo, cuando el presidente afirma que el ministro de Hacienda, es un hombre probo y sin recursos, dice una verdad de acuerdo con lo que el país conoce sobre él. Lo que pasa es que esa no es la discusión, pues nadie ni en los medios ni en los estrados judiciales le ha hecho imputaciones de enriquecimiento ilícito. Los cuestionamientos son de otro orden, y caen en el terreno no de la responsabilidad judicial sino de la política.
Quién lo creyera, en el pasado los ministros sin necesidad de la inútil moción de censura, se caían, bien por falta de respaldo presidencial o por cuestionamientos éticos, administrativos o políticos en el Congreso.
En Colombia, sobre todo en los últimos años, el pilar del sistema democrático no ha funcionado, ni para las personas, ni para esas entelequias que ahora llaman pomposamente partidos. Tantos congresistas condenados por el proceso ocho mil o parapolítica; Odebrecht; las “marionetas” o tantos casos de corrupción, sin que los partidos que los “avalaron” salieran a responder. Si a los “partidos” que avalan a un procesado por corrupción por fraude electoral, por ejemplo, les restaran sus votos, los “jefes” se cuidarían más al expedir avales a diestra y siniestra.
La figura de la “silla vacía”, consagrada en una de las reformas políticas, es un buen comienzo. Como lo es también, la pérdida de investidura -incluso al más alto nivel- por financiación ilegal de campañas. Pero, ¿quién se ha atrevido a aplicarla?
Por esas paradojas de nuestra política, la mayoría de los altos funcionarios y congresistas vinculados a este episodio -empresa criminal según la Fiscalía- hacen parte de un partido “alternativo”, el “Verde”, que como prueba de su compromiso contra la corrupción lideró una consulta anticorrupción apoyada por doce millones de votantes. Los estudiantes de ciencia política tienen mucho que aprender de todas estas peripecias.
Aun cuando faltan actores, la renuncia del director de inteligencia va en la dirección correcta. Falta averiguar, eso sí, sobre las responsabilidades por los casos de chuzadas denunciadas por el magistrado Ibáñez.
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