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Uno de estos grupos es el de los jóvenes, quienes encuentran en el derecho a la protesta pacífica la forma de expresar las angustias reprimidas por un año de encierro obligatorio. Esta generación no avizora un futuro promisorio; las noticias diarias en los medios de comunicación y en las redes sociales (muchas de ellas falsas o fuera de contexto) en las que se describe un país descuadernado y en caos, alimentan esta desesperanza. De acuerdo con las encuestas más recientes, el desempleo es su principal preocupación, una percepción que coincide con las cifras del Dane que indican un 24% de desempleo juvenil en el país; Ibagué encabeza esta lista con el 37% siendo las mujeres las más afectadas.
En respuesta a este panorama, el gobierno acaba de expedir un decreto que otorga un subsidio del 25% de un salario mínimo por cada joven que se contrate. Pero, como lo han señalado diversos analistas, es poco probable que esta estrategia logre la meta esperada de 500.000 nuevos empleos. La principal razón es que la demanda por bienes y servicios está frenada por efectos de la pandemia, y ante este nivel de incertidumbre los empresarios no se arriesgarían a invertir el 75% restante para nuevas contrataciones. Pareciera, como también se ha señalado en varias columnas de opinión, como la de Mauricio Cabrera en Cali, que en estos momentos la única fuente directa de empleo es el sector público, no el privado. Involucrar a jóvenes en el desarrollo de proyectos de impacto social financiados con recursos públicos puede ser la estrategia más inmediata. Si estos proyectos requieren de la participación del sector privado, la estrategia puede articularse con los subsidios anunciados por el gobierno. Para identificar este tipo de proyectos vale la pena convocar a los jóvenes y escuchar sus propuestas, esto no solo ayudaría a aplacar los ánimos de las marchas sino a explorar posibilidades de generación de empleo digno.
Este diálogo abierto pero estructurado con los estudiantes a nivel nacional es el propósito de la “conversación más grande de Colombia”. La meta es involucrar a 100.000 jóvenes de todo el país alrededor de la siguiente pregunta: ¿Cómo transformamos juntos esta crisis en una oportunidad para lograr un mejor país y qué semilla podemos plantar para avanzar? Esta convocatoria está liderada por la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) con el apoyo metodológico del Centro Nacional de Consultoría. Las propuestas que de allí surjan se plasmarán en varios documentos que serán entregados al gobierno nacional y a los mandatarios locales.
Estos ejercicios de conversación colectiva deberían ser parte esencial de un estilo de gobierno renovador. Ibagué podría ser ejemplo nacional de una nueva democracia deliberativa.
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