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En medio de señalamientos de acoso y persecución a maestros y funcionarios, incluso el Concejo de la ciudad citó a debate de control político al Secretario de Educación y a la misma rectora, a todas luces un asunto atípico que la oposición ha sabido aprovechar para enfilar artillería contra el gobierno.
Pero detrás de las acusaciones de las “víctimas” se oculta una novela plagada de secretos a voces y situaciones irregulares que todos conocen bien dentro del plantel, pero que la mayoría calla, ya bien por haber sido beneficiados del contubernio o porque no habiendo participado de él están expuestos a represalias.
Y es que la declarada asamblea permanente la encabezan personajes a quienes la anterior administración del colegio tenía dentro de sus consentidos, profesores de vieja guardia que sin titularidad como directivos docentes, ejercían más poder y tomaban decisiones por encima de los coordinadores o el propio rector.
Naturalmente cualquiera debería sentirse agredido, perseguido y acosado, cuando después de tener un montón de concesiones salidas de orden se cierra abruptamente la llave.
Tal parecía ser el caso del Leonidas, que bajo la rectoría del desaparecido Gustavo Ramírez resultaba en extremo flexible.
La historia cuenta que no sólo se concedían permisos a diestra y siniestra, fuera del ámbito legal. Más grave aún, también se permitía que los solicitantes disfrutaran de estas licencias, siempre que aseguraran la contratación de reemplazos, profesionales externos sin garantías laborales mínimas, vinculados en acuerdos informales en los que se pactaba incluso el pago por horas.
Una de las usuarias recurrentes de este particular mecanismo desde el año 2015 hasta su reciente jubilación fue una educadora escalafonada en grado 14, de estrecha cercanía con el fallecido rector, quien subcontraba su labor mientras gozaba de los beneficios de sus emolumentos.
Al rosario de perlas se suma el de otra de las supuestas acosadas, una trabajadora de servicios generales, a quien se le confiaban funciones de tesorera para participar en el recaudo de recursos de seguros, que nunca ingresaron al Fondo de Servicios Educativos.
La empírica financista además gozaba de fuero sindical por lo que sólo debía acudir dos días a la semana. Ante el escenario propio de la pandemia, la intocable mujer reclamó el derecho a hacer teletrabajo, un requerimiento a todas luces improcedente para su función al que se negó la nueva administración.
Bajo este contexto, es difícil entender y justificar el alegado acoso, cuando lo que pareciera estar ocurriendo es la resistencia de sectores acostumbrados al relajo, la sinvergüencería, el trabajo fácil y la buena vida, a costa del derecho a la educación de niños y jóvenes, pagados con recursos de los ciudadanos.
Si pedirle a un trabajador que se ciña al cumplimiento de sus horarios y deberes configura acoso, bien vendría tener más acosadores, especialmente en el servicio público donde a mayor estabilidad, salarios y bonificaciones menos pasión y ganas hay por trabajar.
El único control político que procede es para que el Concejo de la ciudad establezca dónde fueron a parar los 68 millones de pesos del recaudo de seguros, antes que preocuparse por conocer los méritos que revisten a la actual rectora para ocupar ese cargo.
Mal le quedaría al cabildo, ya de por sí desprestigiado prestarse como escenario para debatir sobre la base de chismes y acusaciones sin fundamento, cuando hay tantos temas más de impacto social que en realidad ameritan el examen de la junta directiva del Alcalde.
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