La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 12 inmuebles urbanos y tres rurales que pertenecerían a un mayor en retiro de la Policía Nacional, que estaría implicado en actos de corrupción que permitieron el envío de clorhidrato de cocaína a Europa.

Los bienes afectados, representados en apartamentos, parqueaderos y lotes, están avaluados preliminarmente en 2.800 millones de pesos. Fueron ocupados en diligencias realizadas por la Dijin de la Policía Nacional en Ibagué y Barranquilla.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios obtenidos por una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, los activos harían parte del patrimonio ilícito del exoficial, quien estuvo a cargo de los grupos de control y vigilancia en los puertos de la Costa Atlántica, y habría facilitado la salida de cargamentos de estupefacientes a diferentes destinos internacionales.

Por estos hechos fue vinculado a un proceso por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento público.

Las propiedades afectadas quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.