Omisiones desastrosas

Si bien se trata de fenómenos impredecibles, que pueden resultar cada vez más recurrentes por cuenta del imparable cambio climático, hay omisiones graves que dependen de decisiones políticas y judiciales, pero que contribuyen  definitivamente a que los efectos de estas calamidades sean aún mayores. 

Lo ocurrido es apenas un mensaje, una advertencia de lo que podría pasar si se continúa afectando el ecosistema, las zonas de aislamiento y protección desaforadamente. Las culpas son compartidas y de diferente orden. 

Tres administraciones municipales que no han hecho lo necesario para intentar recomponer el ordenamiento del territorio.

Un Concejo municipal que en su momento se prestó para la jugadita del gobierno de turno y no debatió el proyecto de POT, permitiendo su aprobación por decreto, y como si no fuera suficiente, a la cadena de insensateces hay que sumar la actitud indiferente de un magistrado del Tribunal Administrativo del Tolima a quien poco le importa lo que pase en Ibagué, aunque aquí viva, y acaba de completar cuatro años con un expediente en reposo manteniendo en vilo el futuro de varios artículos sobre los que Cortolima demandó la nulidad. 

Lo que debe resolver el honorable tribunal no resulta de poca monta, ni de menor interés como para todavía no haber sido priorizado. 

Entre los aspectos demandados está justamente el uso del suelo rural, lo que como en el caso del Cañón del Combeima ha dejado una puerta abierta a la edificación hasta de mansiones con recursos de señores feudales, todopoderosos a pocos metros del cauce con el silencio cómplice de inspectores de policía, curadores urbanos y autoridades con competencia en la materia. 

Se construye sin licencias y sin prohibiciones, desconociendo incluso instrumentos como los mapas de amenaza definidos en el pasado por el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo que, en cada uno de los centros poblados, estableció los puntos de calor sobre los que era necesario impedir expansiones o ampliaciones. 

Ni que decir del papel de la Corporación Ambiental a la que le sobró el 50% del abultado presupuesto del año anterior, pero todavía no invierte ni en la actualización de los mencionados mapas ni en la adopción de medidas eficaces para contener la urbanización de esta zona o que se sigan corriendo las cercas y ampliando los pastizales para el ganado. 

En juego no sólo queda el patrimonio de quienes creen poder sacar ventaja del paisaje y la comodidad del Cañón con turismo o quintas de recreo, también la seguridad del agua de 600 mil habitantes a quienes se expone con la invasiva y arbitraria ocupación y contaminación de las rondas hídricas. 

La ciudad sin POT, sin actualizaciones se desarrolla a su propio ritmo, absolutamente fuera de control, un peligroso camino sobre el que confluyen los intereses de poderosos constructores a quienes les resulta conveniente el vacío legal y otras mafias soterradas que negocian con terrenos ajenos, trafican con las necesidades promoviendo invasiones a cambio de soluciones de vivienda entre los más pobres, como en el caso del cerro La Mulita en la comuna seis. 

De por medio, entre el comportamiento prevaricador de funcionarios públicos que dejan de hacer, hacen poco o se desbordan en sus competencias, queda el drama de las víctimas reconocidas: humildes familias damnificadas y la madre naturaleza que aunque se expresa con dureza, implacable y algo voraz, en realidad no hace nada distinto a recuperar por la fuerza lo que le pertenece. 

Como telón de fondo un reloj de arena que se consume apresurado, recordatorio de que el tiempo para actuar y evitar tragedias mayores se nos está agotando.