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La fecha se convierte casi siempre en una oportunidad para hacer reflexiones, análisis e introspección sobre el oficio, pero también para compartir los resultados de estudios, mediciones e investigaciones sobre el ejercicio de la libertad de prensa.
Desde la llegada de las fuerzas progresistas, representadas por el presidente Petro, el fuego de artillería desde la Casa de Nariño contra los profesionales de la información ha arreciado, soslayando los límites del señalamiento y el acoso.
Según un informe reciente de Human Rights Watch, los ataques direccionados a través de redes sociales para estigmatizar a periodistas y medios de comunicación percibidos como críticos del gobierno, han persistido, muy a pesar de que en septiembre del año pasado, el despacho del Jefe de Estado, emitió una directiva dirigida a todos los funcionarios del poder ejecutivo para que garantizaran un entorno seguro en torno a la libertad de expresión y los periodistas, evitando, entre otras, declaraciones estigmatizantes.
Sin embargo, el primero en desatender su instrucción fue el propio Petro.
En un país donde por tradición histórica la prensa ha tenido que combatir contra la censura impuesta a través del uso de las armas, las bombas del narcotrafico en los años 90 y el acoso judicial, ahora los gatilleros se ocultan con la misma infamia desde la cobardía de perfiles falsos en redes sociales, siguiendo el libreto, si no de la primera autoridad nacional, sí de las fuerzas y estructuras leales a su proyecto.
En uno de los casos más recientes, el reconocido periodista Melquisedec Torres denunció el cierre de su cuenta en la red social X, bajo el argumento de un supuesto "incumplimiento de las reglas que prohíben las cuentas inauténticas", lo que estaría asociado con un ataque sistemático de ‘bodegas’, que, organizadas, le habrían denunciado masivamente.
Este fin de semana, el turno fue para Paula Bolívar, cuyo trabajo investigativo serio y riguroso le permitió al país conocer el escándalo de los carrotanques de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) lo que le mereció el premio Simón Bolívar como periodista del año.
La génesis de este capítulo: el hostigamiento de Carlos Carrillo, director de la misma entidad, quien descalificó una denuncia relacionada con los nexos entre un contratista de la Unidad y el ELN en Arauca. No pasó mucho tiempo antes de que las hordas cibernéticas activaran su operación silencio, apelando para ello a la replica de los señalamientos infundados del funcionario con mensajes cargados de lenguaje machista y sexista, según advirtió la Fundación para la Libertad de Prensa.
Estas acciones no rechazadas por el presidente Petro, acaban legitimándose a la luz de un discurso en el que, según el propio mandatario, le asiste el derecho a controvertir y ejercer su libre expresión sin moderación, de lo que han tomado nota los miembros de su gabinete en todos lo niveles jerárquicos.
Ese silencio que parece dar aprobación al comportamiento de los servidores del Estado, alimenta un panorama sumamente grave para el libre ejercicio de la prensa que, de acuerdo con el informe “Bajo Todos los Fuegos: Periodismo y Nuevas Guerras en Colombia”, editado por la Flip, refleja un incremento en el número de ataques registrados en el último año contra profesionales de la información, registrando 530 casos, lo que representa un aumento de 70 hechos respecto a 2023.
De ellos, 215 se tipificaron como amenazas, en 20 hechos los periodistas se vieron obligados a desplazarse forzosamente para proteger sus vidas, cuatro fueron forzados al exilio, dos más secuestrados y tres más asesinados. El año más critico de la última década, cita el documento.
Este último dato contradice la ideologia misma del cambio, del Estado progresista donde los principios democráticos deberían ser pilares para la conducción de la Nación.
Es increíble que el primer gobierno elegido en representación de una izquierda perseguida y victimizada que tantas veces encontró eco y amplificador en los medios, se convierta ahora en el enemigo que pretende vilipendiarla y desprestigiarla.
Aún con una marea turbulenta, por encima de todo, la tarea informativa que constituye un servicio público esencial, como actor regulador del poder debe mantenerse incólume, aunque desprotegida por las instituciones y sus dirigentes, teniendo la certeza de estar rodeada por esas ciudadanías anónimas a las que continuamente se les ha dado voz, se les ha hecho visibles y especialmente abrazada por el espíritu de los auténticos demócratas.
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