Senador
Empezamos a mostrar resultados de nuestra gestión desde el Senado de la República, en esta oportunidad, con un hecho contundente, pues tuvimos la posibilidad de expresarle de primera mano a la ministra de Educación, doctora María Victoria Angulo, un panorama detallado de las debilidades del sistema educativo en nuestra región y de nuestras propuestas y alternativas en aspectos como la viabilidad de la Universidad del Tolima, la financiación de la alimentación, el transporte escolar y la modernización y adecuación tecnológica de colegios en los municipios del Tolima.
Es por eso, que le solicitamos que el Plan de Desarrollo de este Gobierno priorice el sector educativo, se realicen las adiciones presupuestales requeridas, se descentralice el acceso a los recursos y se amplíe la cobertura en los diferentes niveles de todo el sistema.
Las próximas semanas serán cruciales a la hora de discutir estos cambios en la legislatura actual. De hecho, este 10 de octubre se cumplirá el Foro Nacional por la Dignidad de la Educación en el Congreso, en el que los rectores de las 32 universidades públicas de Colombia, unidos en la SUE (Sistema Universitario Estatal) solicitarán la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, y otras medidas para liberar al menos un billón de pesos adicionales a partir de la vigencia 2019.
Esta deliberación será determinante. En Colombia hay 4.3 millones de jóvenes en edad de cursar una carrera profesional, de los cuales solo acceden 2.2 millones, pero 2.1 millones están por fuera del sistema, es decir, no tienen acceso a una Institución de Educación Superior (IES), incluyendo las carreras técnicas y/o tecnológicas.
En el caso de la Universidad del Tolima, antes de 2012 se contaba con más de 30 mil estudiantes matriculados y en 2017 el promedio es de 18 mil. Esta vertiginosa caída se debe, entre otros aspectos, a la falta de gestión y derroche de administraciones anteriores, a las dificultades de los jóvenes tolimenses para acceder a la educación y a los crecientes gastos de funcionamiento e inversión versus el decreciente aporte del Gobierno nacional. En este proceso, acompaño desde el Congreso al rector de la UT, doctor Ómar Mejía, como miembro de la SUE para devolverle la dignidad a nuestra institución y se pueda aumentar la cobertura en la UT, sobre todo para estudiantes de estratos Uno y Dos.
En este escenario, la propuesta unificada de los rectores para sacar a flote las instituciones públicas se puede materializar rápidamente si desde el Congreso la impulsamos. En primer lugar, soy partidario de modificar el artículo 86 (ley 30) para que las transferencias a partir de 2019 se realicen con base en el IPC más 4 puntos porcentuales adicionales. Segundo, sobre el artículo 87, también es factible un aporte del 10% de los aportes girados por el Ministerio de Educación Nacional.
Un tercer punto, es que con base en la reforma tributaria de 2016 sean trasladados $325 mil millones por concepto de Renta y Complementarios y que del IVA social sean aportados $235 mil millones. Además, con los excedentes de las cooperativas (art. 142) se podría adicionar $100 mil millones. A las modificaciones anteriores y con un ajuste en funcionamiento (concurrencia de $100 mil millones), se podría pasar de un presupuesto de 3.4 a 4.5 billones de pesos.
Como Senador del Tolima, estoy convencido que todo esto será posible y seguiremos dando nuestro mayor esfuerzo. Este gran paso con la Ministra nos abrió el camino que seguiremos recorriendo con responsabilidad, hasta llegar a nuestra meta, la meta de todos, por una verdadera educación para el Tolima y para Colombia.
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