Senador
El Triángulo del Tolima es quizás uno de los proyectos más significativos para el centro sur de Colombia y de mayores expectativas económicas y sociales. Concebido inicialmente para beneficiar a más de 7 mil familias, en su mayoría campesinos con tradición indígena, y con el anhelo de convertir en productivas más de 20 mil hectáreas, esta obra exige hoy el mayor compromiso gubernamental, político, legislativo y gremial para que sea, por fin, una realidad.
En la actualidad se tiene un importante avance en materia de infraestructura entre la captación de agua del río Saldaña y la presa de Zanjahonda, en la denominada Fase I, que viene siendo explotada por cultivadores de la zona que captan el líquido ilegalmente y causan estragos a la infraestructura, cuyo rescate y optimización son prioritarios.
Precisamente, con las autoridades ambientales, congresistas y las universidades queremos adelantar una cruzada para avanzar en los temas de legalidad, seguridad jurídica y competitividad.
Habrá, entonces, que propender para que esta estructura se quite de encima la estigmatización de ser un elefante blanco y cumpla su función histórica como el proyecto que traería el milagro de convertir tierras secas en un eje agropecuario y agroindustrial, que le permita a Coyaima, Natagaima y Purificación insertarse en la dinámica productiva de la Nación.
De hecho y con la participación de la bancada de congresistas del Tolima se logró que el proyecto fuera nuevamente tenido en cuenta en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo (PND) capítulo Tolima, ‘Proyecto en proceso de viabilidad’, como una de las 25 iniciativas claves para la competitividad del Departamento en materia de infraestructura y productividad, para lo cual la Nación estimó un presupuesto de 670 mil millones de pesos para avanzar en la fase II, que es precisamente llevar el riego intrapredial a las unidades productivas.
El reto que tenemos entonces como tolimenses es enorme, pues el proceso implica un trabajo armónico entre los estamentos de la Nación (Ministerio de Agricultura, ADR, ICA, Igac, Cortolima, academia, alcaldías, Gobernación y comunidades campesinas e indígenas), entre otros.
En este escenario, las actuales obras, correspondientes a la Fase I, requieren un inventario predial actualizado por parte de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) para tener claridad de los avances catastrales y cartográficos, que permita el saneamiento jurídico de todos los predios. El último inventario señala que había 233 predios que componen el área de Zanjahonda, de los cuales 25 ya son de la Nación, 176 serían baldíos y el resto de particulares.
No menos importante, es la actualización del Plan Agropecuario para conocer cuáles son los cultivos y productos alimentarios que se pueden cosechar de acuerdo con la vocación agrícola de los suelos y las oportunidades de los mercados, tanto en el ámbito nacional como externo. Alrededor del proceso debe pensarse en el establecimiento de agroindustrias y sus respectivos eslabones de logística, procesamiento o transformación y distribución.
El tema ambiental resulta estratégico para medir los impactos del cambio climático en la cuenca del río Saldaña, que debería estar libre de la explotación minera definitivamente.
Muy álgida, sin duda, será la discusión sobre la administración y operación de la estructura, pues si bien desde el Gobierno anterior se abrió paso a la integración de una APP (ley 05 de 2017), y que está en concordancia con lo que piensa el actual jefe de Estado, el proceso no puede echar por la borda el enfoque étnico y participativo al que tienen derecho las comunidades indígenas y ancestrales de la zona.
El Triángulo dejó de ser una utopía, ya los primeros pasos se han dado, se vienen discusiones profundas que espero sean abordadas desde la técnica y la racionalidad técnica, pero sin abandonar la perspectiva humana y social que propició este proyecto, tal vez, el más importante, para comenzar a resolver el futuro del Sur del Tolima.
Comentarios