Los resultados de las negociaciones para aumentar el salario mínimo del próximo año muestran un cambio mínimo, pero aún así significativo, en la orientación del modelo económico, por lo menos en lo que se refiere a la visión del papel del trabajo en el crecimiento económico y la inflación. Se nota que los programas liberales son ideas que gobiernan.

Haber logrado poner de acuerdo a trabajadores, empresarios y Gobierno en un salario mínimo de $566.700, lo que representa un aumento del 5.8%, es decir un poco más de dos puntos por encima de la inflación, ha sido reconocido por los mismos representantes sindicales como un avance importante. No tanto en términos cuantitativos, pues haber logrado un aumento de seis o siete mil pesos por encima de lo que ofrecían los empresarios no va a sacar de la pobreza al 85 por ciento de los trabajadores que ganan menos de dos salarios mínimos mensuales.

Pero el acuerdo tripartito sí marca un pequeño cambio frente al modelo económico neoliberal imperante en los últimos años y la ruptura de la cáscara del huevito de la "confianza inversionista" para la cual el objetivo era reducir los costos laborales y aumentar las utilidades de los empresarios. En ocho años lo logró. En esta concepción, el trabajo se miraba como una mercancía cuyo precio (el salario) no podía subir, porque eso disminuía la demanda por trabajadores, es decir, que el aumento del salario generaba desempleo y menor crecimiento. Además, se enfatizaba en el impacto del salario en el aumento de los costos de producción que los empresarios trasladaban a los precios presionando la inflación.

La realidad es que el salario, además de ser un costo para las empresas, también es el determinante de la capacidad de compra de la gran mayoría de la población y, por lo tanto, del tamaño del mercado interno. Mayores salarios implican que los trabajadores tendrán más plata en sus bolsillos y comprarán más; para vender más, las empresas tendrán que aumentar su producción y contratar más trabajadores para hacerlo. Por eso los aumentos salariales pueden generar más empleo y crecimiento, como lo ha demostrado la exitosa experiencia de los incrementos salariales que hizo el presidente Lula en Brasil.

Desde esta perspectiva, debe refutarse a quienes piensan (todavía los hay) que un aumento del salario mínimo del 5.8 por ciento es exagerado frente a una inflación promedio del 3.5 por ciento. El aumento de los precios para los estratos bajos es más alta -el 4.7 por ciento- por la disparada de los precios de los alimentos. Por lo tanto el nuevo salario mínimo tan solo está recuperando la capacidad de compra de la mayoría de los hogares, lo que permitirá que no se frene la demanda interna, como ocurrió en 2008.

Para seguir con la ruptura del huevito inversionista, el otro gran reto que tiene el Gobierno es promover el trabajo decente mejorando las condiciones laborales, disminuyendo la informalidad en los contratos de trabajo. Para ello debe derogar la inequitativa reforma laboral de Uribe (la Ley 789 de 2002) que quitó ingresos de los trabajadores para darlos a los empresarios, y empezar a dar ejemplo formalizando a los miles de trabajadores del sector oficial que hoy trabajan por honorarios, contratos de prestación de servicios o vinculados a cooperativas.

En un vano intento de maquillar las cifras de gastos de funcionamiento, el Gobierno central y las entidades territoriales han disminuido la nómina de empleados con contrato formal, pero sólo para reemplazarlos por contratistas cuyo pago lo disfrazan como gastos de inversión. Hay que sincerar las cuentas oficiales, porque esta práctica no sólo ha perjudicado a los trabajadores, sino que ha deteriorado la calidad del servicio público por la inestabilidad que genera.