Se sabía además que durante la era Uribe, el gobierno fue el gran promotor de la informalidad y el deterioro de las condiciones de los trabajadores con los estímulos a la tercerización y a la sustitución de contratos de trabajo por figuras como las cooperativas de trabajo asociado.    

Lo que solo se sospechaba, pero ahora se ha venido a constatar, es que el líder en materia de contratación informal es el propio Estado colombiano tanto a nivel central como en las entidades descentralizadas. Es la denuncia que ha presentado el propio Ministro del Trabajo al presentar las primeras cifras que ese Ministerio ha recogido sobre las nóminas paralelas en las entidades públicas.

La realidad es peor de lo que nadie se imaginaba. En Bogotá y las administraciones departamentales trabajan 270 mil personas, pero de estas sólo 100 mil son de planta y tienen contrato formal de trabajo.

Las otras 170 mil laboran por lo que se denomina "órdenes de prestación de servicio" (PS), es decir contratos temporales por honorarios que son unas verdaderas nóminas paralelas por cuanto muchos de estos empleados llevan varios años trabajando en las dependencias públicas con este tipo de vinculación.

Que en promedio tres de cada cinco funcionarios públicos no tengan contrato de trabajo es un récord de tercerización que difícilmente se encuentra en ninguna empresa privada del tamaño de esas entidades públicas.

Hay casos extremos como Arauca y Casanare (ambos departamentos petroleros con multimillonarios recursos de regalías), donde el 90 por ciento de los funcionarios son contratistas, seguidos de cerca por Nariño y los dos Santanderes donde el 80 por ciento de la nómina es paralela.

Tal proliferación de contratos de PS no solo atenta contra la situación de los trabajadores sino también deteriora la gestión pública en la medida en que se pierde continuidad y memoria institucional en muchas áreas claves de la administración. Además en los entes territoriales es una descarada burla a las leyes que han tratado de sanear las finanzas públicas.    

En efecto, la Ley 617 del 2000 estableció unos límites muy estrictos a los gastos de funcionamiento de departamentos y municipios, incluyendo los gastos de personal. El truco para eludir la ley consiste en que la mayoría de los contratos PS no se clasifican como gastos de funcionamiento, sino de inversión, con lo cual alcaldes y gobernadores han podido aumentar a su gusto las burocracias públicas y satisfacer los apetitos clientelistas de concejos y asambleas, mostrándolos como una aumento de la inversión pública.

Falta por conocerse el número de contratistas del Gobierno Central y de las entidades descentralizadas del orden nacional, que también debe ser enorme.

Basta recordar que en los hospitales públicos se sustituyó la mayor parte de la nómina por contratos con cooperativas. Es un verdadero Estado informal y paralelo, que debe cambiar si quiere exigir al sector privado que también disminuya la informalidad.

COLETILLA: ¿Alguien sabe cuántas son las personas que trabajan en el Estado colombiano, o dónde se puede encontrar esa información? Ni el Dane, ni Planeación Nacional, ni el departamento de la Función Pública tienen esa información en sus páginas web. ¡Que informalidad y falta de transparencia!