Preguntarse por qué la gasolina es más cara en Colombia que en otros países, es una interesante discusión académica que no ayuda mucho a la decisión política. Decidir sobre quién debería asumir el costo de la ­reducción del precio –si las petroleras, el Gobierno nacional o los municipios- tiene repercusiones importantes pero no es el problema de fondo.

Las preguntas más relevantes son ¿se debe bajar el precio de la gasolina? ¿es eso lo que más les conviene a los consumidores? A riesgo de recibir más improperios que cuando hablo de cierto ex presidente, me atrevo a plantear que el precio de la gasolina no se debe bajar y que lo que más conviene a los usuarios del transporte público y privado es una redistribución de los impuestos que gravan los combustibles.

La gasolina es cara en Colombia por dos razones: primera, porque el barril del petróleo está a más de 100 dólares y a Ecopetrol y los demás productores se les paga este precio; segunda, porque más de la mitad del precio que paga el usuario son impuestos.

Sería fácil bajar el precio recortando los ingresos de productores o del Estado. Pero no es conveniente. Las petroleras sí están ganando mucha plata con el precio actual del petróleo, pero la fórmula para repartir mejor esa plusvalía no es pagándoles menos por la gasolina sino aumentando las regalías que deben pagar a la Nación como lo acaba de proponer el partido Liberal. El Estado también podría sacrificar parte de sus ingresos, pero no es conveniente; es mejor que se cambie el destino de esos tributos y se dediquen en su totalidad a construir más vías en las ciudades y carreteras en todo el país. Eso es lo mejor para los propietarios y conductores de toda clase de vehículos.

Porque el problema más serio del transporte en Colombia no es que la gasolina sea cara, sino que hay muy pocas vías para tantos carros. El año pasado se vendieron 350 mil vehículos (sin contar las motos), que puestos en fila india ocupan dos kilómetros de vías, y en las principales ciudades no se debieron construir más de 50 km. de nuevas calles. ¿Se necesita alguna otra explicación para el colapso de la movilidad urbana? Nadie niega que se necesita construir muchas más vías, pero ¿quién debe pagar por ellas? No debe ser el Estado con los impuestos generales, porque eso implica quitarle recursos a programas prioritarios para la mejora de la calidad de vida de los más pobres. Deben pagar los usuarios de esas vías, y una forma de hacerlo es mediante los impuestos a la gasolina. A la larga van a salir ganando.

¿Qué le sirve más al conductor de una tractomula: gastarse 24 horas de Bogotá a Buenaventura por pésimas carreteras, pero eso sí con diesel barato, o pagar más por el combustible pero demorarse sólo 12 horas en el trayecto? Lo mismo para un conductor urbano: vale más la gasolina que consume en los trancones que el ahorro de mil o dos mil pesos por galón.

Por supuesto destinar los impuestos de la gasolina a construir nuevas vías no garantiza que se vayan a hacer. En los ocho años del ministro Andrés Uriel se hizo muy poco, o también esa plata se la pueden robar como los contratistas de Bogotá. Pero la solución no es vender el sofá y dejar de cobrar esos impuestos, sino utilizarlos bien.