La decisión puede ser discutible, pero la mayoría de esas críticas han pasado por alto los motivos que tuvo el gobierno argentino para la nacionalización de su empresa petrolera por el mal manejo que estaba dando Repsol a uno de los recursos naturales más estratégicos para cualquier país.

Lo primero que se debe plantear es que la toma de control de empresas privadas por parte del Estado no es siempre negativa o criticable; más aún, en muchos casos es conveniente y hasta necesaria.

De hecho algunos de los que hoy se rasgan las vestiduras por la adquisición forzada del 51 por ciento de las acciones de Repsol-YPF por parte del Estado argentino, en su momento aplaudieron la nacionalización de bancos y otras entidades financieras que se hizo en Inglaterra, Estados Unidos y otros países durante la crisis del 2008.

En Colombia también han sido aplaudidas intervenciones del Estado para nacionalizar o tomar el control de bancos y otras empresas como Saludcoop, para no citar sino la más reciente.

El Estado, en su papel de regulador del mercado, tiene la potestad y en algunos casos la obligación de defender el interés público inclusive en contra de los derechos de algunos particulares.

Por eso es necesario analizar el contexto y las razones de cada nacionalización para saber si se justifica o no.

Este análisis es el que no se ha hecho en el debate sobre el caso de Repsol, y los medios han dado muy poca información sobre la situación del abastecimiento de petróleo en Argentina; tampoco mencionan que aún después de la nacionalización de Repsol-YPF el Estado argentino va quedar con menos control sobre su petróleo que el que tienen países como Brasil, Colombia o México.

El otro punto que vale la pena destacar es que lo que se va a hacer en el caso de Repsol es una expropiación con indemnización, es decir que la empresas española si va a recibir una compensación por sus acciones.

A propósito, cabe recordarle al presidente Santos que en Colombia si ha habido expropiaciones y, peor aún, algunas de ellas sin indemnización como fue el caso de la Financiera FES, o el más escandaloso de Granahorrar, donde sus accionistas fueron despojados de su propiedad sin recibir un peso. Pocas voces protestaron por la falta de estabilidad jurídica para los inversionistas en esos casos.

El verdadero punto álgido del conflicto entre Argentina y Repsol es cuanto se va a pagar por las acciones: ¿cuál es su precio justo? ¿quién y cómo va a hacer la valoración de YPF?

Estas cuestiones son mucho más complejas tratándose de empresas petroleras, pues está el debate sobre a quién pertenecen las reservas de petróleo que explota la empresa, y si el valor de estas debe ser incluido en el precio de las acciones.

En Colombia la Constitución no deja dudas en cuanto a que el petróleo y todos los recursos minerales pertenecen a la Nación, y las empresas privadas tan solo reciben una concesión para explotarlos, a cambio de la cual deben pagar unas regalías al Estado.

Lo que ha pasado con la venta, entre particulares, de empresas mineras como la Drummond o La Ventana, es que se ha pagado un precio alto que incluye el valor del carbón y el oro colombianos, y el Estado no ha recibido nada de esas ganancias extraordinarias por el absurdo nivel tan bajo que tienen las regalías de esos minerales.