Así, las ineficientes empresas colombianas tendrán que competir con el resto del mundo sin la artificial protección arancelaria, y el gran ganador será el consumidor que tendrá acceso a bienes de mejor calidad y a precios más asequibles.

Frente a este argumento caben varias reflexiones. La primera es que, como en la economía no hay almuerzos gratis, este beneficio tiene sus costos.

El menor precio que pagarán los consumidores implica un menor ingreso para alguien, que no es el productor extranjero pues él va a recibir la misma cantidad de dólares por su mercancía.

En este caso el perdedor es el fisco nacional, que va a dejar de recibir los impuestos arancelarios. Diversos estudios, inclusive de entidades oficiales, han estimado que la reducción d aranceles por el TLC con los EE.UU. puede llegar a representar menores ingresos tributarios de hasta 600 millones de dólares anuales.

El otro costo asociado al beneficio a los consumidores es el aumento del desempleo. Frente a la competencia de productos importados más baratos, la alternativa de las empresas colombianas es clara: o se hacen más eficientes y reducen sus precios o desaparecen.

En ambos casos disminuye el empleo, pues la mayor eficiencia se logra con automatización y reducción de costos que implica despedir trabajadores.

No son hipótesis teóricas sino la realidad que ya ha pasado en la última década con el abaratamiento de las importaciones por la enorme revaluación del peso.

El TLC con Corea va a permitir que baje el precio de los carros importados de ese país. Muy bueno para los consumidores, pero muy malo para la industria automotriz y sus trabajadores.

Con el agravante de que los 75 mil puestos de trabajo que están en riesgo son de trabajadores muy calificados que no va a encontrar fácil alternativas de empleo.

Lo más triste del asunto es la posibilidad de que el país se quede con el pecado y sin el género, es decir con los costos de menores ingresos fiscales y más desempleo y sin los beneficios del consumidor.

Esto puede suceder si la rebaja en el costo de las mercancías por los menores aranceles no llega al consumidor final sino que se queda en un mayor margen de los intermediarios.

Ya ha pasado en otros casos. El impacto de la revaluación del peso (65 por ciento desde el 2002) solo se ha reflejado en una reducción del índice de precios de los productos importados del 7.5 por ciento en el mismo período.

La canasta de bienes norteamericanos que costaba USD 100 en el 2002, hoy cuesta USD 126.80 por la inflación en ese país, mientras que en pesos colombianos su valor ha pasado de $290.000 a $224.000, es decir un 23 por ciento menos, o sea que alguien se quedó con la diferencia y el beneficio del consumidor fue sol parcial.

Es cierto que para un cálculo más preciso hay que tomar en cuenta el comportamiento de otras monedas, pero aún así la diferencia es demasiado grande, sobre todo porque en la pasada década el peso se revaluó frente al conjunto de monedas de todos nuestros socios comerciales casi en un 40 por ciento.

Ante la realidad inevitable del TLC hay que tratar de minimizar sus costos y garantizar que la rebaja de precios de las importaciones llegue a los consumidores y no se convierta en una bonanza para los intermediarios y comerciantes a costa del erario.