El problema no es si se trata de una propuesta populista o no, ni tampoco si va a servir para la reelección del Presidente o para la candidatura de Vargas Lleras; las preguntas pertinentes son, primero, si se necesita un programa de este tipo y, segundo, cuáles son los mecanismos para que se pueda realizar de la manera más eficiente y equitativa.

La primera no tiene discusión. El país necesitaba urgentemente un cambio en las políticas de subsidio de vivienda para que puedan llegar a los más pobres. Uno de los grandes obstáculos al esquema de subsidios parciales que se venía utilizando hasta ahora era la necesidad de completarlos con créditos bancarios. Entonces, para ser beneficiario del subsidio había que demostrar que se era pobre, pero para acceder al crédito había que  demostrar que no se era tan pobre y se tenían recursos para pagarlo.

La nueva política va a permitir que tengan vivienda las familias que no tienen capacidad de endeudamiento, es decir los más pobres de los pobres. Es un importante avance en materia de equidad, que va a ayudar a disminuir un poco las grandes desigualdades de la sociedad colombiana. Es una política de clara estirpe liberal y progresista, que es otra sorpresa positiva para quienes temíamos que Santos solo iba a ser un continuador de las políticas conservadoras de su antecesor.

El proyecto de Ley presentado al Congreso cambia el anuncio inicial, pues plantea que las viviendas no serán totalmente gratuitas, sino que el Gobierno podrá exigir alguna compensación monetaria o en especie a los beneficiarios. Contrario a lo que dicen algunos críticos, considero que este cambio es muy conveniente porque al tener que pagar algo por la vivienda, se genera sentido de propiedad y pertenencia, y porque permite distribuir la plata disponible para los subsidios entre más familias pobres.

En cuanto a la forma de ejecutar esta propuesta, sí hay mucha tela por cortar: ¿cómo asegurar la disponibilidad de terrenos para la construcción?, ¿cómo evitar la especulación con el precio de la tierra? ¿cómo abaratar las soluciones de vivienda sin que se construyan pocilgas? ¿cómo asegurar que los beneficiarios sean los más necesitados y no se cuelen oportunistas? ¿cómo garantizar la calidad de las construcciones?

La respuesta a éstos y otros interrogantes está en la vieja tesis de tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Se requieren instituciones estatales sólidas, competentes técnicamente y blindadas contra la corrupción para que administren con eficiencia los recursos y los asignen con equidad. Pero también se necesita dejar jugar los mecanismos del mercado y sobre todo buscar que haya la mayor competencia posible en todas las fases del proceso.

En este sentido, por ejemplo, no parece conveniente que la construcción de las viviendas que va a comprar el gobierno se haga solo mediante el proceso de subastas o licitaciones entre constructores. De una parte, son bien conocidos los riesgos de manipulación y falta de transparencia en las licitaciones públicas y de otra, se cierra la puerta a otras alternativas como constructores pequeños o, sobre todo, el mecanismo de autoconstrucción que ha mostrado ser muy eficiente no solo en la construcción de las viviendas sino del tejido social indispensable en estas comunidades.

Es mejor alternativa que el Estado asigne los subsidios y los beneficiarios puedan elegir la vivienda que quieren tener y el constructor a quien se la compran, o si prefieren hacerlo por autoconstrucción. La mayor competencia mejora la asignación de recursos escasos.