Como todos los años la negociación del salario mínimo empieza con grandes diferencias entre los pedidos de los trabajadores y lo ofrecido por los empresarios. Los trabajadores aspiran a un aumento entre el 9% y el 12%, mientras que la Andi y Fenalco han ofrecido 4,7%, y la Asobancaria 4,5%. Por su parte, el Banco de la República recuerda que la inflación esperada es del 3.5%, y que el salario no debería subir mucho más para no presionarla.
Aunque las posiciones encontradas reflejan una simple pugna distributiva en la que los mayores ingresos de los trabajadores implican menores utilidades para los dueños de las empresas, detrás de ellas también hay un profundo debate conceptual sobre el papel que cumplen los salarios en el funcionamiento de la economía, donde se asigna mayor o menor importancia a una u otra de las cuatro funciones del salario.
Primero, desde la perspectiva individual de una empresa los salarios son el precio del factor trabajo que incide en sus costos de producción y su competitividad. Al considerar el trabajo solo como una mercancía, se concluye que su precio (el salario) no debe subir porque disminuye la demanda por trabajadores, es decir que el aumento del salario generaría desempleo.
Segundo, en el conjunto de la economía el salario mínimo determina la capacidad de compra de la mayoría de la población y por lo tanto el tamaño del mercado interno. Mayores salarios implican que los trabajadores tendrán más plata en sus bolsillos y comprarán más; por lo tanto el aumento del salario puede acelerar el crecimiento porque para vender más las empresas tendrán que aumentar su producción y contratar más trabajadores.
Tercero, en la sociedad el nivel de los salarios es uno de los principales determinantes de la distribución del ingreso. Colombia tiene uno de los peores índices Gini del mundo, es decir una de las peores distribuciones del ingreso, porque los trabajadores solo reciben alrededor de una tercera parte del PIB, mientras que en los países de la Oecd esta participación es superior al 50%.
Finalmente, el salario mínimo tiene un fuerte impacto en las finanzas públicas porque varios rubros del gasto público, como las pensiones, están indexados a su aumento. Pero este hecho no responde a una ley económica sino a una decisión política que debe modificarse.
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