Después de 90 días de ser expedido, entró en vigencia el decreto 1419 de agosto de 2019, por el cual se aumentaron los impuestos a las importaciones de confecciones y prendas de vestir. Los nuevos aranceles son de 37,9% cuando el valor del kilo sea inferior a US$20 y de 10% más 3 dólares el kilo, cuando el valor sea superior a US$20 dólares el kilo.
Contra su voluntad el gobierno se vio obligado a expedir esta medida pues así lo determinaron los artículos 274 y 275 de la Ley del Plan de Desarrollo (PND), incluidos por iniciativa del Congreso que atendió la solicitud de los confeccionistas nacionales que buscaban protección para sus empresas y el empleo que generan frente a las demostradas prácticas de importar prendas de vestir a precios por debajo del costo (dumping).
A los confeccionistas nacionales les ha ido muy mal con la apertura hacia adentro, la revaluación y la competencia desleal de las importaciones subfacturadas. En lo que va del siglo la producción de prendas de vestir en Colombia solo creció 20,3%, mientras el conjunto de la economía creció 74%. Peor les ha ido a los trabajadores, pues en el mismo periodo el número de personas empleadas en este sector cayó (Sí. ¡Disminuyó!) 56,2%.
La razón no es que los colombianos hayan dejado de comprar ropa (como sí pasó con otros productos como por ejemplo máquinas de fotografía o de escribir), pues las ventas de textiles en el comercio minorista crecieron 132%, es decir 6.5 veces más que la producción nacional, y la diferencia la explican las importaciones que se multiplicaron por 12 veces (crecieron 1.200%) en estos años.
Si bien los motivos de las medidas proteccionistas incluidas en el PND son válidos, la manera como se implementaron es equivocada tanto en la forma como en el contenido. En la forma, porque la imposición del aranceles no puede ser de iniciativa del Congreso sino del Ejecutivo. Por esa razón los artículos 274 y 275 del PND fueron demandados por los gremios de importadores (Fenalco y la Andi) y hay una alta probabilidad que sean tumbados por la Corte Constitucional.
En el contenido, porque protegen tan solo a un eslabón del sector textil, generando incluso un efecto negativo sobre los demás. Hay que recordar que el sector textil es una cadena de valor que incluye desde los productores de las materias primas (algodón y fibras naturales y sintéticas), las hilanderías que procesan los hilos, los fabricantes de telas y los confeccionistas que elaboran las prendas de vestir para el consumidor final.
Ante la muy probable caída del decreto 1419 el gobierno debe aprovechar para diseñar una estructura arancelaria que proteja a todos los eslabones de la cadena textil, y no solo a los confeccionistas, tal como la tienen desde hace años países como México, Brasil o Argentina, sin violar las normas de la OMC.
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