Según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife), organismo integrado a las Naciones Unidas, Colombia es el país del mundo con mayor superficie de tierra cultivada en coca y desde el año 2013 ésta área cultivada ha aumentado en un 44 por ciento, muy posiblemente por la suspensión de las fumigaciones con Glifosato que fueron acordadas en La Habana, pero también parece ser por el aumento del consumo interno en Colombia debido a la notoria caída de los mercados internacionales, especialmente en Estados Unidos, donde la cifra de distribución de la droga va decreciendo en un 20%.
Hay que decir también que se ha notado un énfasis en la erradicación de los cultivos de coca, pero no lo mismo en la lucha contra el narcotráfico ya que a pesar de los duros golpes contra los capos tradicionales de los carteles de Medellín y de Cali, se han consolidado estructuras de microtráfico en las ciudades que han ganado presencia en la población joven pre-adolescente y adolescente y que incluso han impulsado el consumo no solo de las drogas clásicas como la marihuana, la cocaína y la heroína –cuya tendencia de consumo se mantiene-, sino de nuevas sustancias sintéticas difíciles de combatir sobre todo por su sistema de producción.
Mientras la realidad gana partido, continúa el dilema entre aplicar las leyes relacionadas con las drogas utilizando la fuerza o impulsar la legalización, y lo que es peor aún, ambas posibilidades se están asumiendo como estrategias de choque, porque no se ve de lejos siquiera la opción de generar procesos reflexivos, educativos y propositivos en la población que induzcan a un uso responsable de la libertad y mucho menos –como lo ha expresado la misma Jife en su informe anual presentado hace poco en México- que la salud y el bienestar de la población estén puestas en el centro de una política equilibrada de estado.
A pesar que Colombia ha sido uno de los países –junto con México- más insistentes en solicitar un cambio de rumbo en las estrategias contra las drogas -hasta ahora represivas-, la ONU a través de la Jife (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes) ha expresado su preocupación en cuanto a la tolerancia que pueda tener Colombia frente al narcotráfico en el posconflicto.
“Si el país va a tolerar los cultivos ilícitos como parte de un acuerdo con la guerrilla, tendrá que explicar cómo es que va a funcionar el mercado para la pasta de coca… Eso no está resuelto porque implica tolerar el narcotráfico”, expresó Francisco Thoumi, integrante y vocero en este caso de la Jife.
Una de las propuestas a este respecto surgió recientemente en la opinión pública colombiana: el Gobierno nacional debería comprar toda la producción de hoja de coca. La experiencia de Perú desde 1982 con su empresa estatal “Enaco”, que abastece a más de cuatro millones de consumidores de hoja de coca, y de Bolivia, país en el que operan varias de estas empresas desde un poco antes de su separación de las convenciones de drogas de la ONU y donde existe una regulación del mercado de la hoja que incluye reglas para su cosecha, transporte, acopio, distribución y usos, hablan por sí solas.
Ya en su momento lo habían anunciado Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria Trujillo cuando eran presidentes de Colombia y otras personalidades como Andrés Gil, de la Mesa de Interlocución Agropecuaria, y Camilo González, director de Indepaz, quien lo propuso desde el Cauca hace casi dos décadas, sin olvidar al expresidente de Francia Jacques Chirac, en 1996. Un tema para pensar y seguir analizando en próximos espacios.
Por el momento y al margen de esto, da grima escuchar a los mismos políticos y funcionarios diciendo las mismas cosas en relación a los avances contra las drogas a pesar que la realidad del consumo y de la circulación de nuevas sustancias es diferente y muy preocupante.
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