Como “histórico” fue calificado el acuerdo contra la cocaína que firmaron Colombia y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd), en el que se invertirán 315 millones de dólares para erradicar cultivos de coca y apoyar alternativas de sustitución voluntaria como el cacao y el café.
El sentido de este acuerdo radica en la sostenibilidad económica y social que conlleva el que un campesino decida dejar de cultivar coca por considerarlo más ventajoso y beneficioso para él y su familia y contrariamente, tome la iniciativa de enfocar su actividad agrícola-económica en la productividad y estabilidad que le ofrece el Estado a través de cultivos como el café y el cacao, ambos tan viables como la coca.
Lamentable sí es que la estrategia sea el paternalismo, pero a juzgar por las cifras reveladas en el reciente informe de la DEA, en el que la producción de estupefacientes aumentó un 35% entre 2015 y 2016 (pasó de 250 a 710 toneladas) y los cultivos de coca pasaron de 159 mil hectáreas a 188 mil, había que actuar de algún modo; sin embargo, no se olvida que los programas de erradicación y de sustitución estuvieron frenados por varios años y que ni bobas que fueran, las organizaciones criminales no iban a perder la oportunidad. Ahora bien, también es lamentable que tenga que haber una presión externa para que Colombia se pellizque y actúe: se acaba de comprometer en este “histórico” acuerdo, con eliminar 100 mil hectáreas de coca para el año 2018, la mitad por erradicación forzosa y la otra mitad de manera voluntaria con la intervención de unas 120 mil familias. Esperemos que la cosa funcione.
Lo que sí ha sido cierto es que los procesos de erradicación y sustitución han debido ser simultáneos, pero es claro que habiendo recursos técnicos para la erradicación forzosa, han sido ausentes las garantías sociales para estimular en los campesinos la decisión de asumir la erradicación voluntaria y creer en el proceso en términos de paz. Ejemplo de ello es Tumaco, desde donde se “exporta” cocaína hacia Centroamérica, México y Estados Unidos permanentemente y por toneladas.
En Tumaco, una región selvática y con zonas de muy difícil acceso, hay alrededor de once grupos armados ilegales en pugna por el control territorial, obviamente por los cultivos de coca, por los laboratorios existentes y potenciales, por su ubicación estratégica pero también por las condiciones socioculturales, económicas y políticas de sus habitantes: resulta que el 16% de la población vive en la miseria y la inmensa mayoría está en la pobreza; sorprende tremendamente la investigación que reveló el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), en la que reveló que el 48,7% de la población tiene hoy día necesidades básicas insatisfechas, pero sorprende aún más que los medios de información le sigan el juego al señor Presidente Santos cuando, conociendo de primera mano estas cifras, salga sonriendo en fotografías y estrechando la mano a pescadores de la región como si fuera tan fácil borrar y volver a escribir.
Aquí mandan todavía las Farc, el clan del golfo y las bacrim, organizaciones que saben pescar en río revuelto y que no van a desaprovechar –como no lo han hecho en todos estos años-, que el estado tenga en desamparo a estas comunidades; de ahí que este acuerdo “histórico” con la Onudd sea tan relevante para el país y no lo digo en términos de los dólares que van a entrar -y que muy seguramente no todos cumplirán con su destino-, lo digo porque este acuerdo es otra ventana más a través de la cual el mundo puede conocer la realidad política y corrupta de este país.
Bueno, y si le vamos a jugar al paternalismo, me agrada mucho la idea del senador Liberal Juan Manuel Galán cuando manifestó que era el momento de nuevas políticas públicas alternativas en el contexto de las drogas: “… que el gobierno compre entonces las cosechas de hoja de coca a los campesinos…”, sin duda una propuesta álgida y que habrá que discutirla más adelante.
federic.cj@gmail.com
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