Debido a la presión ejercida por los Estados Unidos frente al tráfico de droga en México y el Caribe, los narcotraficantes trasladaron sus inversiones de lavado de dinero a países centroamericanos como Guatemala, Honduras y Nicaragua en negocios relacionados con el cambio de uso de suelo agrícola; es decir, plantaciones agroindustriales de la palma africana, ganadería extensiva, tala de madera, minería, construcción de pistas de aterrizaje clandestinas y carreteras ilegales, viviendas e infraestructura turística en general.
Tales acciones en dichos territorios ocasionaron una pérdida aproximada del 30% de la cobertura boscosa de estos países entre los años 2001 y 2014, porcentaje que se tradujo en unas 400,000 hectáreas de bosques perdidos, según lo indicó recientemente el estudio titulado “Un análisis espacio-temporal de las pérdidas forestales relacionadas con el tráfico de cocaína en Centroamérica”, y no se sabe si más preocupante aún es que entre el 30 y el 60% de esta cifra ocurrió en áreas protegidas dentro de las cuales existen comunidades indígenas que también se vieron afectadas por el avance sin control de este tipo de inversiones y que incluso terminaron trabajando para ellas debido a que su modo de supervivencia tradicional se vio interrumpido por los nuevos terratenientes y sus acciones económicas en el territorio.
Mientras en Perú, Bolivia y Colombia la causa principal de la deforestación es el cultivo de hoja de coca, en Centroamérica no es el cultivo sino las ganancias del tráfico que terminan alimentando la corrupción, causa principal de la deforestación en esta región, pues, para que agentes privados puedan intervenir áreas protegidas y afectar territorios indígenas de la manera como se muestra en este estudio -que además va en notable incremento-, quiere decir que los gobiernos “poco han hecho” al respecto y que por supuesto debe haber una débil estructura de estado alimentada necesariamente por la corrupción, lo que sin duda eleva la incertidumbre en la población general (caso especial de los propietarios pequeños, quienes se han visto amenazados por estos terratenientes para adquirir sus territorios con el propósito de aumentar sus inversiones).
Según el Ideam, para 2016 aumentó en un 44% la tasa de deforestación en Colombia, uno de los países con mayores extensiones de ecosistemas naturales y de áreas protegidas en el mundo: hasta el momento tiene 14 millones de hectáreas protegidas en las cuales, según estudios de la Universidad Nacional, puede haber hasta 25 veces menos deforestación, menos probabilidades de incendios y cultivos ilícitos que en otros territorios.
Con la evidente falta de conciencia y de control, no imagino cómo poder cumplir con lo pactado por Colombia en París en 2015, en la Cumbre Mundial del Cambio Climático (COP21). La idea, que fue ratificada por 190 naciones, fue comprometerse a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% antes del 2030, avanzar hacia una economía baja en carbono y proteger los 37 páramos que existen en el país, como aspectos centrales; alabo eso sí, la iniciativa de los 25 jóvenes que interpusieron una acción de tutela para que el estado colombiano cumpliera con el mencionado pacto.
Lo mismo con el proyecto Visión Amazonía, estrategia con la cual el gobierno busca, groso modo, reducir el alto índice de deforestación en la Amazonía (65% del total del país), a través de procesos de empoderamiento de las comunidades en el uso sostenible de los recursos naturales. En esta zona se perdieron 144.147 hectáreas de bosque en 2017, algo así como 400 hectáreas al día o 17 hectáreas cada hora.
Ojalá que éste último no sea réplica de otras iniciativas de protección en Centroamérica donde a la fecha solo se ha podido conservar la imperecedera corrupción.
federic.cj@gmail.com
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