Financiación de campañas

César Picón

Ya que estamos hablando de financiación ilegal de campañas y compra de elecciones con dineros de oscura procedencia, eso por las últimas revelaciones del caso Odebrecht, convendría volver a visitar el eterno debate acerca del nefasto modelo de verificación y control de los gastos de las campañas políticas en Colombia.
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Como quien no quiere ver la realidad, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se limita a que los candidatos carguen en un aplicativo los gastos en los que incurren, eso es todo, nadie verifica, nadie hace inteligencia o al menos observa de cerca el comportamiento y las prácticas de las campañas, las denuncias se quedan siempre en el aire y así, en las narices de todos, terminan gastando ríos de dinero e imponiendo gobernantes a punta de billete, impidiendo que los que no lo tienen si quiera tengan oportunidad de competir en condiciones adecuadas. Por supuesto el que paga para llegar, llega para robar.

Bajo el principio de la buena fe, el CNE se queda con la información que cargan las campañas y de ahí en adelante “que sea lo que dios quiera”. Con total impunidad y ante la falta de control y reglas estrictas, poderosos candidatos alardean frente a todos de su poderío económico que financia montajes tipo concierto, movilización de cientos de buses y caravanas, uniformes, vallas y todo tipo de publicidad para lo que ni cuentan con permisos y pagan cientos de personas para que les rebusquen votos, pero, eso sí, ante el CNE posan de pobres viejecitas reportando pírricos gastos que, si existiera alguna mínima verificación, se identificaría de inmediato su falsedad.

En febrero del año pasado escribí una columna titulada “parte de tranquilidad”, en la que con cifras explicaba como poderosas campañas que se hacían en el Tolima y se extendían a otras regiones en búsqueda de votos para el Senado de la República, reportaban gastos muy por debajo del tope establecido, eso pese a ser de público conocimiento la inmensa capacidad económica que demostraban. Mas grave aún es que los gastos de las campañas políticas se reportan apenas empiezan oficialmente las mismas, que es cuando se inscriben las candidaturas. ¿Y todo lo gastado hasta ese momento en campañas que duran hasta años invirtiendo en gastos publicitarios, eventos suntuosos, equipos de trabajo pagados, sedes, vehículos, entre otros? ¿Quién hace o verifica los gastos de los “precandidatos”? claramente, nadie.

Ese modelo de financiación de campañas sin los mínimos controles ha permitido que las empresas electoreras “inviertan” multimillonarios recursos para mantener a sus fichas en el poder y con frecuencia desanima a competir a aquellos que tienen mucho talento, capacidad y liderazgo, pero no tienen pesos en los bolsillos. Ese modelo también reproduce la corrupción, porque los fastuosos gastos normalmente no vienen de salarios o donaciones,  sino de plata mal habida. 

Cambiar radicalmente el sistema de financiación de campañas, ejercer una auditoria estricta y en terreno, incluir como sujetos de control a todos los que brinden bienes y servicios relacionados con publicidad o proselitismo, cruzar fuentes de información y reporte (como lo hace la DIAN), entre otras, podrían ayudar a mitigar el desbordado y opulento gasto de algunas campañas que, ciertamente, cuando ganan llegan a recuperar fraudulentamente las millonadas gastadas.

CÉSAR PICÓN

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