El reto de la vivienda

Las ventas proyectadas para el 2023 son del orden de las 250.000 unidades, en donde se tiene proyectado que el 70,8 % corresponderá a vivienda de interés social.  

A pesar de un aumento aproximado del 10 % en los costos de construcción para 2023, la posición de la Ministra de Vivienda, Catalina Velasco, y del Gobierno de Petro de mantener los programas de subsidios como ‘Mi Casa Ya’ y el subsidio a la tasa de intereses, entre otros, no solo dan tranquilidad para el sector, sino que demuestran claramente que lo que se estaba haciendo bien de la administración anterior debe mantenerse.

No es un misterio la fijación que tiene este Gobierno por el mejoramiento de viviendas. Por ello, dicha cartera tendrá el objetivo de destinar $1 billón anual para mejorar la vivienda social, rural y diferencial, una medida que si bien es loable, también debe encontrar el equilibrio en que dicha política no aumente y promueva la construcción de vivienda informal que generalmente se hace en suelos no adecuados, especialmente en zonas de protección y de alto riesgo. 

Sin embargo, es importante revisar la posibilidad de modificar la política de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Esto con el fin de destinar los 350.000 millones de recursos anuales para minimizar los riesgos de remoción en masa y, con ello, relocalizar dichas familias en viviendas formales a través del mejoramiento del subsidio a la tasa y/o aumento de nuevos subsidios. 

Insisto en que la vivienda formal trae verdaderos beneficios en la calidad de vida de los ciudadanos y de la ciudad, ya que con ello se promueve la formalización y la construcción colectiva de ciudades ordenadas y prósperas.