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Lejos de ser una solución, incluyó a las EPS como intermediarias de los recursos públicos para garantizar la prestación de servicios de salud, priorizando la rentabilidad financiera por encima de los derechos sociales, negando servicios y poniendo en un segundo plano la salud pública.
El aseguramiento en salud a partir de la ley 100, discriminó a la población por nivel de ingresos, fortaleciendo el sector privado a través de inversiones en sus propias clínicas que han crecido en “integración vertical” para atender al régimen contributivo por el cual el gobierno les transfiere más recursos, mientras los hospitales públicos atienden al régimen subsidiado que tiene más afiliados y menos recursos asignados.
La ley 100 le otorgó la potestad a las EPS de decidir cuanto recurso de lo transferido por el gobierno es para garantizar la salud de sus afiliados, se le paga a las IPS, priorizando los pagos a las privadas, muchas de ellas de sus propios grupos económicos (integración vertical) y dejando para pagar después o menos a las públicas, lo cual tiene colapsada la red pública de hospitales, incluso, muchas IPS privadas quebraron porque las EPS no autorizaron los pagos justos por los servicios prestados a sus afiliados, llevándolas al desequilibrio financiero.
Igualmente, les dio potestad para que construyeran infraestructura y contrataran redes de servicios donde quisieran, lo cual concentró la prestación de servicios en grandes ciudades, en zonas de estratos altos, abandonando las regiones apartadas, selváticas, rurales y las más empobrecidas.
Las EPS profundizaron desigualdades evitables sin cumplir su promesa de evitar la corrupción; empeoraron el problema porque la ampliación de cobertura en el aseguramiento que lograron, no significó acceso a servicios, ni calidad en los mismos, ni mejoramiento de indicadores sanitarios.
La reforma a la salud que actualmente es promovida por el Gobierno, sectores sociales, gremiales, sindicales y académicos, robustece la defensa de la salud como derecho universal y como responsabilidad del Estado. Habla de atención primaria (prevención, acceso a agua potable, seguridad alimentaria, ambiente sano, acceso a educación, entre otros determinantes de la salud). Propone redes integradas e integrales de servicios que garanticen acceso cerca al lugar de residencia de las familias, seguimiento oportuno a indicadores en salud pública de individuos, familias y comunidades. Propone pagos directos a los hospitales y clínicas privadas sin intermediación administrativa. Propone mayor vigilancia, inspección y control a quienes presten servicios de salud, brinden medicamentos y ayudas diagnósticas.
Promueve la participación ciudadana y la veeduría a los recursos y los servicios de salud. La reforma presentada por el gobierno propone cuidar a los cuidadores, es decir, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la salud.
Por lo anterior, la reforma merece ser divulgada a la sociedad colombiana y discutida de la manera más amplia y democrática. En el debate seremos garantes de la participación de todos los sectores, a favor y en contra, para que podamos cambiar el enfoque sanitario en Colombia garantizando un derecho: ¡Salud!
¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro!
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