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El Congreso no ha tenido voluntad ni siquiera de reducirlos a sus justas proporciones; una clase política y dirigente anquilosada y desconectada de las realidades del pueblo colombiano ha generado una brecha insostenible entre las necesidades de la población y las políticas públicas.
En este sentido, la Asamblea Constituyente no sólo es una oportunidad, sino una necesidad histórica de reconfigurar el pacto social y acabar de una vez por todas con los privilegios.
A primera vista, parece contradictorio el nombramiento de Juan Fernando Cristo en el Ministerio del Interior, a pesar de que había expresado públicamente su desacuerdo con dicha asamblea, y las discusiones sobre la necesidad se volvieron más intensas.
Sin embargo, esta decisión puede interpretarse como una jugada maestra, un movimiento estratégico para aunar diferentes perspectivas en un esfuerzo por consolidar un consenso más amplio y robusto, en dirección a tender puentes entre el gobierno y los sectores más escépticos para revivir el acuerdo nacional que termine en una Asamblea Nacional Constituyente.
Hay argumentos variados contra la convocatoria de una Asamblea Constituyente, desde el temor a la inestabilidad e incertidumbre que puede generar un proceso de tal naturaleza, o el objetivo oculto de la reelección del presidente Petro, además de que es innecesaria porque la Constitución vigente permite llevar a cabo todas las reformas legales que se están necesitando. Sin embargo, ¿por qué no se han hecho las reformas a pesar de todas las iniciativas que han sido radicadas en el Congreso? Es simple: porque en el Congreso no hay voluntad de acabar con los privilegios, inmunidades, politiquería e injusticias que terminan en corrupción.
Estoy convencido de que, con un proceso transparente y participativo, podemos construir un nuevo pacto social con temas precisos que fortalezca nuestra democracia y garantice los derechos de todos los colombianos, sin excepción.
Ya se han llevado a cabo 55 reformas a la Constitución vigente, pero la realidad es que esas reformas han sido insuficientes y, en muchos casos, se han quedado en letra muerta. Lo que necesitamos es un cambio de fondo, no parches que solo favorecen a congresistas, magistrados, funcionarios del alto gobierno y órganos de control.
Hay que abordar de manera integral problemas estructurales como la reforma política, la justicia, la educación, la salud, la redistribución de la tierra, el ordenamiento territorial, la descentralización fiscal, entre otros aspectos que no solo requieren voluntad política, sino una visión de país que trascienda los intereses particulares y cortoplacistas.
La convocatoria y realización de la Asamblea Constituyente no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar un país más justo y equitativo. Es un procedimiento para escuchar las voces de los que han sido históricamente marginados y construir un marco jurídico que refleje las aspiraciones de toda la sociedad colombiana, y no solo de una élite privilegiada que está incrustada en el poder público defendiendo sus intereses personales.
Por eso debe ser vista como una oportunidad para redefinir nuestra democracia e implementar las reformas que el Congreso ha aplazado de manera indefinida, y acabar con los privilegios que han perpetuado la desigualdad, impidiendo la construcción de un país donde el bienestar común prevalezca sobre los intereses particulares.
Así pues, a través de esta humilde columna de opinión, es que, de manera respetuosa, invito a todos los sectores de la sociedad a unirse en este esfuerzo para participar activamente en la construcción de una nueva Colombia donde sea escuchada la voz de todos, donde se lleven a cabo las reformas necesarias para beneficio de todos y no solo de unos pocos. Construyamos un país donde nadie se queda atrás y todos tengamos las mismas oportunidades. ¡Sin privilegios!
Y como dijo el filósofo de La Junta: "Se las dejo ahí...”
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