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En Colombia, la elección del Procurador General de la Nación es un acto que trasciende el simple nombramiento de un funcionario público. Se trata de una decisión que tiene el poder de moldear el futuro del país, de determinar si avanzamos hacia una sociedad más justa y transparente, o si, por el contrario, nos sumimos en un ciclo perpetuo de corrupción y desconfianza institucional.
El Procurador no es solo un vigilante de la legalidad; es la persona encargada de velar por el correcto actuar de quienes ostentan el poder. Es, o al menos debería ser, un guardián inquebrantable de la ética y la moral pública. Por ello, la transparencia no puede ser un accesorio en esta elección; debe ser su fundamento. En un país donde la corrupción ha echado raíces profundas en las instituciones, elegir un Procurador que sea transparente no es solo deseable, es un imperativo innegociable.
La transparencia en la elección del Procurador no se limita a la claridad en los procesos y criterios de selección. Va más allá. Implica que el elegido sea una persona cuya trayectoria esté libre de manchas, que no cargue consigo los fantasmas de la politiquería ni los favores debidos a poderes ocultos. Es alguien que debe estar comprometido con el interés general y no con agendas particulares. Necesitamos a un Procurador que entienda que su lealtad debe estar con la Constitución y con los ciudadanos, y no con quienes lo llevaron al cargo.
La historia reciente de Colombia nos muestra que, cuando la transparencia no es el eje central en la elección del Procurador, las consecuencias son nefastas. Hemos visto cómo las decisiones de la Procuraduría pueden reforzar la impunidad o, por el contrario, fortalecer la lucha contra la corrupción. Un Procurador sin un compromiso claro con la transparencia es un peligro para la democracia, porque puede convertirse en un cómplice silencioso de quienes buscan perpetuar sus intereses a costa del bienestar común.
Pero la transparencia no es solo responsabilidad del elegido, también lo es de quienes participan en el proceso de selección. Los entes nominadores y el Congreso tienen la obligación de actuar con absoluta rectitud, de anteponer el bien del país a cualquier interés particular. No podemos permitir que la elección del Procurador se convierta en un ejercicio de repartición de cuotas políticas. Necesitamos que este proceso sea un ejemplo de cómo deben hacerse las cosas en una democracia que se respete.
En este contexto, los ciudadanos también jugamos un papel trascendental. No podemos permanecer como espectadores pasivos; es nuestra responsabilidad exigir transparencia, cuestionar, investigar y mantenernos vigilantes. Esta elección no es un asunto menor; es una pieza clave en la construcción de una Colombia más justa, más equitativa, y (ojalá algún día) libre de corrupción.
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