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Uno de los aspectos más controversiales del presupuesto presentado al Congreso para 2025, es que se encuentra desfinanciado en más de 12 billones de pesos y refleja una situación similar a la del año pasado con el proyecto aprobado para 2024, requiriendo hacer un recorte superior a 20 billones a la inversión programada debido a la disminución de recaudo por la crisis económica que enfrenta el país. Asociado a esto el incremento superior al 20% en el gasto público en los últimos dos años, un porcentaje exagerado e innecesario.
Es importante hablar de optimización de recursos por parte del Estado, pero también de estrategias fiscales que permitan abordar los problemas estructurales que afectan al país. En ese sentido, hacemos referencia a tres ejecutorías que ayudarían no solo a recaudar más dinero sino evitar que se pierda lo que se ha recibido. Según estudios de Fedesarrollo, el Ministerio de Hacienda y la DIAN, la evasión y elusión le estaría quitando a Colombia cerca de 80 billones al año, entre el no pago de tributos como la renta y el IVA. Esta cifra es escandalosa y es una muestra clara de la falta de control y sanción a quienes incumplen con sus obligaciones tributarias.
A esto se suman las pérdidas por corrupción y despilfarro que, según la Contraloría General de la República ascienden anualmente a 50 billones de pesos, sin calcular el costo social que acarrea. Este problema, que viene sucediendo desde anteriores gobiernos, se ejemplifica claramente en el reciente escándalo de la UNGRD, donde, según el actual director general, Carlos Carrillo Arenas, las pérdidas podrían ascender hasta 2 billones.
La corrupción se ha convertido en un problema endémico para la sociedad. El país está invadido de carteles y nuevos escándalos. Es crucial que el gobierno fortalezca todas las entidades, mediante la implementación de equipos de contrainteligencia, esenciales para descubrir y abordar los problemas internos que han sido denunciados públicamente en los diferentes ministerios e instituciones descentralizadas. La lucha contra el contrabando es otro frente que merece gran atención. De acuerdo con la DIAN, alrededor del 10% de la mercancía que ingresó al país entre 2018 y 2022 se hizo de forma irregular sin ningún tipo de control, lo que representa aproximadamente 6 billones anuales; es decir casi el 50% de la reforma que el doctor Bonilla quiere recaudar.
El país tiene de dónde echar mano para corregir el déficit presupuestal y al mismo tiempo, impulsar una economía y desarrollo más equitativo. Son más de 130 billones de pesos anuales, casi una cuarta parte del presupuesto, indispensables que permitirían generar una dinámica diferente y cerrar las brechas de inequidad existentes.
Es urgente replantear los mecanismos de recaudo para aumentar los ingresos fiscales, garantizar una gestión eficiente de cada peso y proteger la industria nacional. No es justo imponer mayores cargas a quienes ya cumplen sus obligaciones de manera responsable. Se debe combatir la evasión y la corrupción, persiguiendo a quienes las eluden.
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