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Hay mucha incertidumbre por el monto de $523 billones que el Gobierno Nacional señaló como presupuesto para ejecutar en el 2025; cifra superior al fijado para este año (502.6) que resultó desfinanciado por estar sustentado en cuentas alegres ($15 billones en recuperación de dineros en litigios, cuya ley nunca presentaron), y aplicar el impuesto a la renta sobre regalías al no permitir la deducción de regalías, que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional; razones que lo llevaron a que tuviera que recortarlo en $20 billones (que debió ser de 52, según analistas) para evitar incrementar el déficit fiscal, al que no se llegó por la ineficiente ejecución, cuyo ejemplo está en el Ministerio de la Igualdad, que no ha llegado a ejecutar el 1%.
Al Gobierno Nacional le compete presentar el presupuesto de cada año de manera desagregada. esto es, detallando los valores asignados por la ley de presupuesto a nivel de cada entidad para su ejecución, y no de manera global (como se aprobó el de este año y que el Ministro de Hacienda tuvo que corregir), porque se presta a manipulación posterior en dirección de intereses políticos; y, además, el incremento consignado debe estar debidamente soportado con los ingresos a obtener, sin lo cual podrá ser declarado inexequible por la Corte Constitucional.
No es justificar el incremento con intención de desarrollar programas sociales, que son necesarios, pero que solo buscan otorgar subsidios por doquier para comprar votos, sin tener en cuenta la deficiente ejecución del presupuesto actual, el bajo recaudo tributario que hoy tiene la DIAN y al crecimiento económico solo del 0,6% del año anterior, por lo que, si desconocen esas circunstancias, nuevamente resultará desfinanciado y demandado ante la Corte Constitucional.
Si tozudamente el Gobierno Nacional no modifica su monto, es responsabilidad del Congreso estudiar seriamente su contenido, teniendo en cuenta la situación actual de los colombianos, y la imposibilidad de soportar nuevas cargas tributarias por medio de una Ley de Financiamiento con la que el Gobierno quiere imponer nuevos impuestos o incrementar bases o tarifas de los ya existentes, para cubrir los billones faltantes.
Lo correcto es que, si los colombianos se ajustan el cinturón para pagar sus obligaciones tributarias, lo lógico es que el Gobierno reduzca los gastos de funcionamiento (nuevos ministerios, nuevas embajadas, consulados, excesivos viajes al exterior que no fortalecen la imagen del Estado), cuyos dineros podrían ser destinados a inversión social que sí beneficia a la gente menos favorecida y no en fines politiqueros para asegurar que el progresismo tenga éxitos y siga gobernando a partir del 2026.
Los electores están expectantes en cómo los congresistas elegidos van a defender sus intereses y no del gobierno.
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