Dicho proyecto causó gran malestar en la comunidad universitaria, y no era para menos. Si bien es cierto, después de casi 20 años se hace necesario reformar dicha disposición normativa, la discusión debió partir de adentro hacia afuera y no al contrario, es decir, el desconocimiento de las posiciones e inquietudes de la comunidad universitaria debieron ser tenidas en cuenta antes, durante los 28 foros regionales, en los cuales, según datos del Ministerio de Educación, participaron unas cuatro mil 500 personas del sector educativo, y no posteriormente como así ocurrió, de esta manera su hubiesen evitado lamentables y costosos disturbios como los ocurridos en varias instituciones públicas del país.

Los temas más polémicos de esta iniciativa legislativa giraron en torno a temas como la posibilidad a que las universidades públicas tuviesen inversión de capitales privados, lo que fue interpretado como una clara intención del Gobierno para dar un paso hacia la privatización de la educación superior.

El aumento progresivo, pero insignificante, de los recursos para las universidades públicas propuesto por el ejecutivo, desconociendo el reconocimiento y reembolso de los dineros invertidos en los últimos 13 años para aumentar la cobertura y mejorar la calidad; la creación de universidades con ánimo de lucro, lo que pondría en mayor riesgo la calidad de la formación superior, y el otorgamiento de amplísimas facultades sancionatorias al Ministerio de Educación, que afectarían la autonomía universitaria reconocida constitucionalmente, fueron algunos de los aspectos que mayor controversia generaron en la comunidad universitaria.

Según los últimos pronunciamientos emitidos por el Mane (Mesa Amplia Nacional de Estudiantes), se reitera la exigencia al Gobierno no sólo del retiro irrestricto del mencionado proyecto de ley, sino también una respuesta efectiva a las peticiones presentadas por la mesa, reclamando garantías para la construcción amplia, democrática e incluyente de una política pública para la educación superior que responda efectivamente a las demandas del pueblo colombiano.

Además de lo anterior, exigencias como la apertura de los campus cerrados, desmilitarización de las universidades, discusión de una nueva propuesta de reforma de iniciativa estudiantil y popular y no gubernamental, garantías procesales para los estudiantes judicializados, garantías académicas que permitan la reprogramación del semestre académico en todas y cada una de las universidades, reactivación de los semestres académicos que fueron cancelados, el no señalamiento, persecución y levantamiento de procesos disciplinarios al interior de las universidades de todos los estudiantes que participaron en las jornadas de movilización del paro y el pago de la deuda del estado colombiano con las universidades públicas, son aspectos que serán materia de discusión durante los próximos días y que permitirán que los universitarios regresen a las aulas.

Es indudable que la posición asumida por el presidente Juan Manuel Santos ha demostrado que el Paro Nacional Universitario permitió, pese a los tropiezos y manifestaciones, posicionar el debate en torno a la educación como un derecho, cuya defensa es un asunto de todos y para todos los colombianos, quienes no podemos claudicar en la lucha por la reivindicación del derecho a la educación con calidad que merecemos.