Iniciativas legislativas como aquella que tipifica la discriminación racial, étnica y sexual imponiendo penas de hasta tres años de cárcel y multas de hasta 15 salarios mínimos; el nuevo Estatuto del Consumidor que busca garantizar que los derechos de los ciudadanos prevalezcan sobre los intereses de los fabricantes; la nivelación salarial entre hombres y mujeres cuando se cumplan las mismas funciones, tanto en el sector público como en el privado; las nuevas normas para la movilización de los discapacitados, el empleo de emergencia mediante el cual se busca dar prioridad a las personas nativas de las regiones afectadas por la oleada invernal para que sean contratadas para desarrollar las obras de reconstrucción, y los subsidios a los servicios públicos en las zonas de desastre, consistentes en ayudas económicas para el pago de los recibos de agua, alcantarillado, aseo, luz y gas, demuestran que aunque la producción legislativa no fue igual de prolífica, numéricamente hablando, a la legislatura anterior donde el Ejecutivo logró la aprobación de más de 30 leyes, la calidad y especialidad de los proyectos discutidos, arrojan un balance positivo para el órgano legislativo.

Sin embargo, temas polémicos como la aprobación del nuevo Sistema General de Regalías, el cual, luego de un arduo debate en plenaria de Senado y Cámara y de múltiples manifestaciones en contra, las últimas, por parte de más de un centenar de Alcaldes electos de nuestro país, deja serias dudas sobre la efectividad de la nueva forma de liquidación, giro, distribución y fiscalización de estos recursos.

Mientras el Gobierno nacional considera que este nuevo sistema es más técnico, sólido, transparente, equitativo y justo, un amplio sector de mandatarios locales y departamentales se muestra escéptico en aceptar tales bondades y muestran su descontento ante una disposición que desconoce la descentralización administrativa y autonomía de las entidades territoriales, reconocidas constitucionalmente desde 1991, y revive el centralismo insigne de la derogada Constitución de 1886.

Que la reforma al sistema de distribución de regalías traerá mayores recursos a los departamentos más poblados y democratizara el acceso a  las entidades del orden municipal más pobres y por ende vulnerables, solo el tiempo lo dirá.

El 2012 es un año de grandes retos en materia legislativa; luego de cumplir su primera vuelta durante el semestre que pasó, proyectos como el de reforma a la justicia y el marco jurídico para la paz, ocuparán la atención de congresistas y senadores.

El primero de los retos tiende a ser el más espinoso, pues se ha venido discutiendo que las herramientas consagradas en el proyecto de ley de reforma a la justicia, en nada apuntan a solucionar su principal problema: la congestión judicial; la misma que sigue y seguirá generando impunidad e injusticia. Es allí donde radica principalmente el rechazo de las altas cortes frente al proyecto presentado por el Gobierno.

El segundo, es algo que deberá necesariamente ser armonizado con las disposiciones contenidas en la promulgada ley de víctimas, apuntando a que el anhelado marco jurídico para la paz, condicione cualquier proceso de esta naturaleza a la liberación de los secuestrados, definiendo la posibilidad o no de reconocer una vocería política para los grupos ilegales que se desmovilicen.

Expectativas, grandes expectativas tendremos puestas los colombianos en el Congreso durante el 2012.