Con la promulgación de la Constitución Política de 1991, Colombia hizo tránsito de una democracia representativa a una participativa, ampliando los espacios de intervención de los ciudadanos y consagrando nuevas opciones y posibilidades para tomar parte en las decisiones y en los procesos políticos de la sociedad a través de una amplia gama de derechos políticos, que van mucho más allá del derecho universal al voto. De tal manera, todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.

Una de las herramientas jurídicas para que los ciudadanos ejerzan control social sobre el poder ejecutivo es la rendición de cuentas, entendida esta como el DEBER que tienen las autoridades de la administración pública de RESPONDER PÚBLICAMENTE, ante las exigencias que haga la ciudadanía, por el manejo de los recursos, las decisiones y la gestión realizada en ejercicio del poder que les ha sido delegado.

La 1474 de 2011, “Por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, que modificó la Ley 489 de 1998, establece, en su artículo 78º, la obligación que tienen todas las entidades y organismos de la Administración Pública, de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para cumplir con estos postulados podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública, entre las cuales están las audiencias públicas.

Adicionalmente, dicha disposición, consagró el deber que tienen las entidades públicas de rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía, bajo los lineamientos de metodología y contenidos mínimos establecidos por el Gobierno Nacional, a través del documento CONPES 3654 de 2010, por medio del cual se establece la política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos.

Luego de la rendición de cuentas realizada por el Alcalde de los Ibaguereños, Luis H. Rodríguez, quien a través de un lenguaje comprensible y haciendo uso de las herramientas tecnológicas necesarias para ser conocidos los avances de sus ejecuciones por los Ibaguereños, queda claro que, a pesar de que el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo para el año 2012, no fueron las esperadas, principalmente en temas neurálgicos para la ciudad como lo son la solución definitiva al problema del suministro de agua, la culminación de la primera fase del acueducto complementario, la recuperación de la malla vial, la puesta en marcha del Sistema estratégico de transporte público, el mejoramiento de la infraestructura escolar y la contaminación ambiental, entre otros, si se presentaron avances importantes y significativos en materia de calidad y cobertura educativa, disminución de los índices de desempleo, saneamiento fiscal y dotación de la USI y el Hospital San Francisco, recuperación del espacio público en los alrededores de las plazas de mercado, tecnología y conectividad, ampliación de cobertura en programas sociales de comedores comunitarios, desayunos escolares, atención al adulto mayor y transporte escolar rural, así como la gestión de recursos ante el gobierno nacional, los cuales merecen no solo ser resaltados, sino que invitan a creer en este Gobierno y aderrotar la apatía y el pesimismo, sin que ello signifique, de ningún modo, que los Ibaguereños debamos omitir el cumplimiento del deber ciudadano de ejercer control social estricto, a la forma como se inviertan los recursos provenientes de nuestros impuestos y a la planificación, celeridad, transparencia y pertinencia de las ejecuciones a realizarse durante lo que resta de este gobierno.