El Estatuto Anticorrupción

En los últimos meses han ocurrido en Colombia hechos de gran significación. La acción de la justicia en asuntos de corrupción administrativa tiene al país en un verdadero torbellino de pasiones.

Como la Constitución del 91 eliminó la inmunidad parlamentaria, es decir que para que un legislador pudiera ser procesado se requería la autorización del Congreso, la Corte Suprema de Justicia, como juez natural, acusó a varios congresistas que habían establecido acuerdos ilegales para obtener votos y también financiar las campañas.

 

Fue un gran avance y un gran éxito de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero hay que recordar que la inmunidad parlamentaria era para evitar que los políticos pudieran defender sus tesis sin temor, no para soslayar los delitos. Igualmente, el Gobierno y las autoridades judiciales han iniciado procesos en los escandalosos casos de Agro Ingreso Seguro, la DIAN, los desfalcos en el sector salud, en otras instituciones gubernamentales y el célebre carrusel de contratación con la anuencia de la mayoría de los colombianos y el estupor de algunos políticos.

 

Hay que felicitar al señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, por el Estatuto Anticorrupción, porque demuestra un verdadero interés en acabar con la cultura de la corrupción que se apoderó de nuestro país. Por eso nos extraña que un personaje como Álvaro Uribe Vélez arremeta contra la anticorrupción, cuando los hilos de la justicia caen sobre todas las personas, grupos y partidos políticos.

 

Pero lo más grave de todo es que en lugar de felicitar a la Corte porque está ayudando a la democracia inhabilitando a los políticos corruptos, un ilustre senador conservador resuelve presentar un proyecto reviviendo la célebre inmunidad parlamentaria; razón tienen quienes hablan de un déficit de credibilidad del Congreso.

 

Tratan de defender los aspectos negativos de la democracia. Por eso algún ilustre pensador sostiene que los comentarios agrios de algunos ciudadanos sobre la actividad gubernamental están resultando ciertos. Dicen que muchos de quienes aspiran a un cargo público no buscan solamente completar tiempo para una jubilación, o el honor y la gloria, sino el enriquecimiento ilícito. El Estatuto Anticorrupción servirá para desmentir esta máxima y permitir que los burócratas sanos salgan bien librados.

Credito
GUSTAVO GALVIS

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