Para quienes creemos que en Colombia no hay desarrollo sostenible por falta de equilibrio entre lo económico, social y ambiental, no existe alternativa diferente a que el país, su gobierno, los  dirigentes y el empresariado con responsabilidad social, se concentren en hacer lo necesario para atacar a fondo y rápido, con programas concretos de alto contenido social, la grave y peligrosa inequidad que afecta a la inmensa mayoría de compatriotas.

Las estadísticas son contundentes y vergonzosas: el 10 por ciento de los colombianos, aproximadamente 4.6 millones de personas, viven en la indigencia; el 35 por ciento equivalente a 18 millones, en la pobreza. Colombia es el séptimo país más desigual del mundo y el segundo más desigual de América Latina.

Y mientras tanto, analistas y expertos destacan positivamente los índices macroeconómicos del país en los últimos años, gracias a la percepción de seguridad, estabilidad jurídica y confianza inversionista. El crecimiento del Producto Interno Bruto- PIB-  ha estado por encima del cinco por ciento anual, superior  a  la media mundial; las utilidades de las empresas en lo que va corrido del año van por encima el 30 por ciento; se han incremento sustancialmente las exportaciones; los ojos de la inversión extranjera están sobre Colombia; el desempleo ha bajado hasta un dígito aunque  con mucho empleo infortunadamente todavía informal; se concretan tratados de libre comercio-TLC- como los firmados con Canadá y Estados Unidos  y están en negociaciones con otras potencias comerciales mundiales.

Todo lo anterior muy bueno pero desafortunadamente con mucha gente sin oportunidades laborales, sin bienestar social elemental, sin ambiente sano, sin salud, educación y  vivienda, con centenares de familias viviendo en tugurios miserables carentes de todo, sin esperanza por tantos factores objetivos y subjetivos favorables a incrementar peligrosamente el resentimiento y la  inconformidad.

No hay más tiempo para la inacción pública y privada en  favor de los más pobres. Que haya vivienda gratis para desplazados, las madres cabeza de familia, los ancianos y  los que nada tienen. Es un buen comienzo que  deberá volverse  una política de Estado.