El “Estado Mayor” de las FARC lleva 48 años de escribir comunicados farragosos que nadie lee porque no dicen nada nuevo. Pero en la declaración del pasado 26 de febrero hay mensajes importantes, que no debieron pasar desapercibidos. Me refiero a cinco cambios de posición en lo que va corrido desde que se rompieron los diálogos del Cagúan:  

-Primero: hay que recordar que el mal llamado “canje humanitario” fue el tema único de diálogo (o mejor, de no diálogo) entre las FARC y el gobierno de Uribe. Con Santos, y en especial desde que ‘Timochenko’ está al mando, la guerrilla insiste más y más en dialogar para la paz (dice el comunicado: “por nuestra parte consideramos que no caben más largas a la posibilidad de entablar conversaciones”).

-Segundo: en el Caguán se había acordado una “agenda común” de 12 macrotemas y 107 puntos que implicaban refundar a Colombia. Pues ahora la fórmula se cambia por “conversar para hallar una salida civilizada a los graves problemas sociales y políticos que originan el conflicto armado.”

-Tercero: en vez del “canje de prisioneros de guerra” que pedían (y que de hecho lograron bajo el gobierno Samper), las FARC venían liberando a los soldados y policías cautivos, y ahora anuncian que, además de los seis cuyo regreso esperamos en pocos días, entregarán a “los cuatro restantes en nuestro poder”.

-Cuarta y más llamativa: la derogatoria de la  “Ley 002 del año 2000”, que autorizaba el secuestro extorsivo o “la retención de civiles con fines financieros”. Esta ha sido la base del clamor popular contra las FARC, y una exigencia constante del Gobierno para sentarse a dialogar, que ahora la guerrilla adopta sin contraprestación alguna.

-Más sutil pero, tal vez, más importante es la propuesta de “comenzar por un acuerdo de regularización de la confrontación y de liberación de prisioneros políticos”. La regularización es una palabra técnica que significa aceptar la vigencia y respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario por parte de ambos actores armados, es decir acabar con las pipetas, las minas antipersonal o el reclutamiento de menores (además de los secuestros) pero también con las torturas, las desapariciones o los falsos positivos.  

Los medios, como dije, se limitaron al punto de los secuestros -e insistieron en  que “a las FARC no se les puede creer”. El presidente Santos, con prudencia y con tino, valoró “el anuncio como un paso importante y necesario, aunque no suficiente”. Y el expresidente Uribe reaccionó duramente contra este nuevo “engaño” de los “terroristas”.

Después del traumatismo del Cagúan -y de 10 años de escalada militar- es apenas natural que muchos, quizá la mayoría, de los colombianos rechacen casi instintivamente la idea de sentarse a dialogar con las guerrillas. Y, sin embargo, esos mismos colombianos, comenzando por el expresidente Uribe, deberían celebrar los cambios en la actitud de las FARC, porque estos cambios se deben a los golpes que han recibido durante estos 10 años:

-El “canje humanitario” se acabó prácticamente por substracción de materia a raíz de la ‘Operación Jaque’, que dejó a la guerrilla sin “canjeables” de verdad.  

-La ofensiva militar exitosa y sostenida amansó el sueño de una “revolución por contrato”, que implicaba la agenda del Cagúan y la cambiaron por otro más limitado de atender a las causas que hacen que el conflicto armado interno permanezca.  

-Renunciar al secuestro fue la exigencia principal del presidente Uribe a la guerrilla, y es el intento de mostrarle al país que esta vez, tras los golpes, las FARC sí están dispuestas a las concesiones.   

Si el enemigo quiere hacer la paz porque ha perdido fuerza, ¡bienvenida la paz! En un país que lleva 48 años de desangre, cuyo gasto militar es el mayor del hemisferio (incluyendo a Estados Unidos), que no puede avanzar porque lo ahogan los señores de la guerra, acelerar el fin de las hostilidades es el primer deber del gobernante y la primera tarea de la ciudadanía.