Luis Ernesto Vargas Silva era hasta hace pocos meses -y aún sigue siéndolo - un jurista tolimense poco conocido en la región. No sólo desconocido en las instancias de opinión local, sino también por la propia familia tolimense del poder judicial, que en muy contadas ocasiones ha tenido oportunidad de contar con su presencia y disertaciones en los innumerables eventos realizados en honor o con participación de Magistrados de las Altas Cortes. Otros juristas sí barren en cercanía con la región y en el conocimiento público que de ellos se tienen en su calidad de tolimenses.

Pues bien, con su elección como nuevo Presidente de la Corte Constitucional quedó claro, de una vez por todas, que se trata de un jurista tolimense, para más señas nacido en Cajamarca. Y algo por demás interesante: un defensor a ultranza de los ejes y fundamentos teleológicos de la Constitución de 1991. Dentro de sus conocidas argumentaciones constitucionales dadas en medios de comunicación nacional, se encuentra la de la defensa de la Acción de Tutela, ante los ataques de quienes la cuestionan -en su mayoría por aspectos de forma y no de fondo- y pretenden reformarla en busca de quitarle dientes en su reconocido trajinar en defensa de los derechos fundamentales de las personas. Vargas Silva, contrario a ese propósito reformista, ha sostenido con claridad y sobrado conocimiento constitucional que “Si se reforma la Tutela, debe ser para fortalecerla”.

Un buen sector de la opinión pública nacional, ante la utilización masiva de la Tutela dentro de la estrategia de defensa del Alcalde de Bogotá -como tema de especial importancia hoy en día en el Consejo de Estado-, clamaban por limitarla, supuestamente para evitar abusos en la utilización del aparato judicial. Hablaban más con las ganas que con objetividad jurídica, por cuanto no mencionaron los centenares de tutelas interpuestas en defensa de las pensiones millonarias que aún están en curso, o los cientos de tutelas reclamando el derecho fundamental a la salud que todavía están en espera de decisión.

Mientras airados enemigos de la tutela exigen recortarla legislativamente, de nuevo Vargas Silva demuestra que están avivando una tormenta en un vaso de agua procedimental y que este ejercicio masivo de acercamiento de la Carta con la sociedad, cuenta con un mecanismo procedimental sencillo que debe de aplicarse rápido y sin tanta alharaca: una orden de la Sala Administrativa de la Judicatura. La Tutela -como ya ha sido reiterado en varios estudios- es para el magistrado Vargas Silva “la joya de la Corona de la Constitución de 1991” y, por ende, una de las expresiones más genuinas del constitucionalismo colombiano que permiten ubicar a la Corte Constitucional colombiana entre las más eficientes en el mundo en cuanto a reconocimiento de derechos fundamentales. Para decirlo en clásico latín, al igual que lo habrían hecho notables juristas nacionales en el siglo pasado: Tenemos los tolimenses un notable Magistrado Presidente. Afortunadamente.