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Sobre ella se instaló en Sevilla una Junta Central, posteriormente reemplazada por el ‘Consejo de Regencia’, encargado también de gobernar a las colonias americanas. Este fue el antecedente fáctico y jurídico de las Cortes de Cádiz de 1812, como asamblea constituyente y legislativa, formada ante el vacío de autoridad creado por la invasión napoleónica.
Conocidos estos acontecimientos en las colonias comenzaron a crearse Juntas populares, inclusive con sectores realistas, partidarios de darse un gobierno propio, so pretexto de defender al rey y oponerse al usurpador. En este marco se abrieron paso los ‘cabildos abiertos’, en diferentes partes. Los debates jurídicos fueron de todo tipo, pues algunos realistas discrepaban de la tesis de la reasunción de la soberanía por parte del pueblo.
La constitución de 1991 consagró la soberanía popular. "La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece." (Artículo 3º). Como el poder reside en el pueblo, él puede autoconvocarse y ejercerlo de forma directa. Desde una perspectiva teórica no hay problema, la cuestión se complica en su desarrollo práctico. En las colonias americanas se vivió. ¿Quién era el pueblo? ¿Quién tenía legitimidad para decir que lo era? Estos debates produjeron conflictos entre ciudades. La primera Junta se creó en Cartagena, en mayo de 1810, y ello la enfrentó con Mompox, que se declaró independiente de España, y también de Cartagena, reconociéndole autoridad a la Junta de Santafé. Rápidamente, Cartagena la sometió, pues tenía el principal poder militar del virreinato. Se produjo así, en todo el territorio neogranadino, una fragmentación del poder constituyente, al rebelarse las ciudades secundarias contra las capitales de las provincias. Entre ellas, Cali, el 3 de julio de 1810, 17 días antes que Bogotá. Casi todas las provincias de la Nueva Granada reasumieron la soberanía y conformaron gobiernos provisionales, y luego declararon su independencia de España. Fue muy difícil construir un centro único de poder político. Los debates duraron hasta 1815, cuando apareció Pablo Morillo y se produjo la independencia.
La constitución de 1991 consagró la democracia participativa, en complemento de la representativa. Los dos modelos, sin duda, pueden coexistir. El problema es que, al reglamentar los mecanismos de participación ciudadana, les pusieron tantas exigencias que los volvieron letra muerta. Ahí comenzó el secuestro de la democracia a manos de piratas políticos. La carta del 91 no consiguió erradicar los vicios de la democracia representativa, los agravó. Si permitieran que la democracia participativa funcionara, no habría espacio para plantear que el pueblo se autoconvoque y ejerza el poder constituyente. Propuesta inviable porque está secuestrado políticamente. En nuestro caso, a diferencia del español del siglo XIX, quien está prisionero es el pueblo, no el ‘rey’. Están taponados los canales de expresión ciudadana y suplantada la voluntad popular.
Presidente Petro: lo primero es liberar al pueblo, que no es soberano. Hay que cambiar la segunda estrofa del himno nacional. Como lo venimos diciendo desde ya varios años, se requiere una reforma al régimen político y electoral, y a los mecanismos de participación ciudadana, para devolverle el poder a los ciudadanos. Presente los proyectos para que se discutan en el Congreso y entre la ciudadanía, y verá que eso será el florero de Llorente. Lo demás, es perder el tiempo, y el reloj no se detiene. Tic tac, tic tac, tic tac.
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