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El primero, es el lanzamiento de un libro de Alfonso Gómez Méndez en Bogotá; el segundo, la aprobación en el senado del proyecto de acto legislativo que reforma el Sistema General de Participaciones (SGP), que tantos desvelos ha generado entre la tecnocracia, incluidos los miembros del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF).
Como digo, parecieran no tener conexión entre sí, pero la tienen. Alfonso Gómez representa el ascenso de un hombre humilde de un pueblo también humilde, Chaparral. Municipio que tiene entre sus pergaminos ser la cuna de tres presidentes de la República (José María Melo, Manuel Murillo Toro, y Darío Echandía). Gómez es de los pocos colombianos que han ocupado altas dignidades en las tres ramas del poder público: representante a la cámara, procurador, embajador, fiscal general y ministro de Estado. Su destino habría sido muy distinto de haberse quedado en su pueblo natal. Y no porque Chaparral carezca de potencial para generar desarrollo y oportunidades. No. Lo tiene, y mucho; solo que el marco normativo se lo impide, igual que a un millar de municipios de Colombia.
La constitución de 1886 expropió a los antiguos estados soberanos de 1863, al quitarles la propiedad del subsuelo y dejársela a la Nación, como lo afirmara en su día el presidente López Michelsen. Su rígido centralismo, además, dejó a los departamentos y municipios sin recursos fiscales, otorgándole al estado central 89 de cada 100 pesos del recaudo, y solo 4 y 7 para éstos, respectivamente. Así lo han cuestionado en recientes análisis el exministro guajiro, Amylkar Acosta, y el economista tolimense, Silverio Gómez. La Misión de Descentralización suministra otros porcentajes, sin embargo, la diferencia no cambia la ecuación. Existe una injusticia dramática en la distribución tributaria. La constitución del 91 quiso poner fin a ese adefesio y determinó dos transferencias para las entidades territoriales: el situado fiscal y la participación en los ingresos corrientes de la Nación. Proyectaba que tuvieran un aumento gradual hasta que representaran el 46,5% de los ingresos corrientes, cerrar brechas entre las regiones y lograr una mayor equidad en la distribución. Empero, dos contrarreformas (2001 y 2007), redujeron esa participación. Según el Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República, entre 2002 y 2023, éstas dejaron de recibir 388 billones de pesos de 2018. En otras palabras, la Nación volvió a expropiar los territorios, y los convirtió en sus vasallos, obligados a pedirle limosna.
Este ‘modelo’ es lesivo para millones de personas. De allí la importancia de este proyecto, que es solo el primer paso de otros que se deben dar, si queremos regiones prósperas. A las entidades territoriales hay que darles presupuesto, y no solo obligaciones. Casos como el de Gómez Méndez son excepcionales. Pudo estudiar gracias al apoyo de quienes vieron en él inteligencia y deseos de superación. Estoy seguro de que en todos los pueblos de Colombia hay gente con capacidades similares, cuyas vidas se pierden debido al atraso que padecen. Ojalá, Gómez se animara a liderar un proyecto nacional de rescate de las regiones, como lo pensó en 1986, cuando lanzó “Rescatemos el sur” y se integró en la coalición “Tolima Libre”, que lo llevó a la Cámara de Representantes. Ya es tiempo de terminar con el centralismo y darle cristiana sepultura, para que el lugar de nacimiento no determine el futuro de las personas y lo deje a expensas del destino.
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