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Si se examina en retrospectiva el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, una conclusión es ineludible: la estrategia de su defensa judicial se ha centrado no en probar su inocencia, sino en desacreditar a quienes lo investigan y en dilatar el proceso, para que la acción penal prescriba, el 8 de octubre de 2025.
Este litigio comenzó en 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia, tras una investigación de cuatro años, decidió archivar el caso contra Iván Cepeda —iniciado por el propio Uribe— y, en su lugar, abrir una investigación contra él por supuesta manipulación de testigos. Para llevarlo a indagatoria, se tardó un año, en cualquier otro proceso, con cualquier ciudadano común, ese trámite se habría hecho en semanas o incluso días. En agosto de 2020, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema le impuso medida de aseguramiento domiciliario. La respuesta del expresidente fue inmediata: renunció al Senado, quitándole la competencia a la Corte y alegando "falta de garantías".
A partir de entonces, la Fiscalía General de la Nación se convirtió en su escudo protector. Los fiscales Gabriel Jaimes (2021) y Javier Cárdenas (2022) intentaron en varias ocasiones precluir el caso, es decir, cerrarlo y declararlo sin mérito. Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá negó esta pretensión y ratificó la decisión de la Corte Suprema. La parcialidad de estos fiscales fue evidente, y su accionar no merecería mayor análisis si no fuera por el impacto que tuvo en retrasar el proceso. La defensa de Uribe ha utilizado todos los recursos posibles: apelaciones, nulidades, recusaciones y tutelas, siempre bajo la consigna de "falta de garantías", cuando en realidad lo que ha ocurrido es un abuso sistemático de las mismas. Recordemos que dentro de esta estrategia se pidió el cambio del fiscal Gilberto Villarreal, quien presentó la acusación formal, bajo el argumento de que tampoco ofrecía garantías, lo que obligó a la designación de una nueva fiscal.
Desde que la jueza 44, Sandra Liliana Heredia, asumió el juicio en abril de 2024, ha sido objeto de todo tipo de descalificaciones y recusaciones. La maniobra más reciente es que, como hace veinte años ella demandó un decreto firmado por Uribe que la perjudicaba —no solo a ella, sino a muchos otros funcionarios—, esto sería prueba de su parcialización. La maniobra no es sutil: si logran apartarla del caso, ganarían más tiempo en su carrera contra el reloj de la prescripción. El Tribunal Superior de Bogotá debe resolver esta situación con la mayor celeridad. Este juicio no puede quedar inconcluso, por triquiñuelas. La prescripción sería un golpe letal a la ya minada confianza pública en la justicia y un bochorno para el propio expresidente. No haría sino reafirmar la percepción de que la ley en Colombia no se aplica con el mismo rigor a todos, y que la impunidad es un privilegio de los poderosos. Si Uribe es inocente, que así se declare, pero si es culpable, que también se reconozca. De lo contrario, se seguirá alimentando el descrédito de la justicia y la sensación de que la ley es solo para "los de ruana".
En un verdadero Estado de derecho, nadie, absolutamente nadie, puede estar por encima de la ley. Nada más lesivo para la democracia y la justicia, que esto termine con el triste espectáculo de una prescripción. ¿En qué quedarían la respetabilidad y la credibilidad de la Corte Suprema, de los tribunales, de los jueces y de la fiscalía? Harían el hazme reír. Dentro y fuera del país. Por eso, todos los ciudadanos de este país, con independencia de la condición social o política, debemos clamar porque haya justicia, y nada más que justicia.
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