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Este censo, que tuvo un costo superior a los 250 mil millones de pesos, arrojó un año después, unas cifras impresionantes. De los dos millones setecientos mil productores encuestados, más del 89% no existen para el sistema financiero del país, ni para las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umatas), dos componentes sumamente importantes para el fomento de la inversión, el crecimiento de la superficie agropecuaria y la productividad de los agronegocios.
Desafortunadamente, cinco años después, seguimos en deuda con los productores del campo. Según las estadísticas de Finagro, en el año 2020, muestran que, de los 2.7 millones de productores encuestados sólo 439.743 pequeños productores accedieron a créditos. En la prestación del servicio de asistencia técnica el tema es peor. Si la Procuraduría o Contraloría llegan hacer una auditoría en los municipios rurales del país, van a encontrar que más del 90% de los campesinos de esas zonas rurales no reciben ningún tipo de asistencia por parte de esas Umatas. Lo anterior exige del Gobierno y del Congreso, un replanteamiento urgente a esos esquemas operativos de Finagro y las Umatas.
Otros temas preocupantes que arrojó el censo agropecuario, fueron la precaria tecnología que aplican los pequeños productores del campo. De cada cien pequeñas parcelas agrícolas, 70 no cuentan con algún sistema de riego, maquinaria y semillas certificadas. Otro tema que tendrá que resolverse en el Congreso, ya que la normatividad existente no permite por ejemplo, que Agrosavia, la Agencia de Desarrollo Rural o el ICA, presten estos servicios públicos directamente.
Hace 15 días descubrí en Montería, que la actual normatividad no permite que las variedades de semillas de alto rendimiento que saca Agrosavia, no las puede entregar directamente a los pequeños campesinos, ni prestarles el servicio de transferencia de conocimientos, para que desarrollen una actividad productiva sostenible y rentable. Tienen que hacerlo a través de empresas particulares, las cuales terminan haciendo el negocio con la plata del Estado.
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