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Para el año entrante, esta empresa que se llama Colombia, va a requerir 350.4 billones de pesos, para su funcionamiento, de los cuales el gobierno ha sugerido que el 60% se destine a gastos de funcionamiento; el 22% para pago del servicio de la deuda y el 18% para inversión. Claramente, les faltó creatividad para equilibrar el presupuesto del 2022 y destinar más recursos que fomenten la creación de empresas y oportunidades de empleos, en vez de fomentar la política del “Estado Paternalista”. Cuando se le paga a la gente por no trabajar, se termina generando más pobres y quebrando al país. Estos programas siempre terminan convirtiendo a la gente en floja. Ya no hay mano de obra para recolectar café ni ordeñar vacas.
Tampoco veo un cambio estructural en la distribución del gasto de funcionamiento. No tiene sentido girarle 158 billones de pesos a los entes territoriales sin un control eficaz de esos recursos que piensan invertirse en los sectores de la salud, educación y saneamiento básico. La mayoría de esas transferencias terminan hipotecadas a futuro ante los bancos para poder financiar elefantes blancos que poco o nada impactan al desarrollo económico y social de los municipios, y por el contrario, terminan beneficiando a las empresas financiadoras de campañas electorales. El típico “concierto para delinquir” financiado por el Estado.
La cirugía de liposucción que debía practicársele al Estado para reducir la grasa en burocracia, también se quedó en titular de prensa. Destinar 48 billones de pesos en sueldos, adquisición de bienes y servicios, para mantener una burocracia tan ineficiente, es un irrespeto con los ciudadanos. Tampoco, hay derecho que los colombianos terminemos pagando de nuestros bolsillos más de 1 billón de pesos en multas, sanciones e intereses de mora por la culpa de la omisión, errores o descuidos, de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
Lo que más me consterna de este proyecto de presupuesto para el 2022, es que le hayan dejado nuevamente al sector agropecuario las migajas. No hay derecho que le hayan destinado solamente 1.7 billones de pesos (2.7% del total del presupuesto de inversión) a un sector que sacó la cara por el país, durante y después de la crisis de la pandemia de Covid-19. El sector agrícola está requiriendo una inyección de recursos de inversión por encima de los 3 billones de pesos para poder salir de la ineficiencia y el atraso en que se encuentra y poder competir con los productores de los países con los cuales hemos suscritos más de 16 Tratados de Libre Comercio.
La única posibilidad que tienen nuestros productores del campo de sobrevivir ante la arremetida de importaciones agropecuarias subsidiadas, es a través de un programa de ayuda y subsidio estatal en créditos y coberturas de rentas, para que se motiven a realizar nuevas inversiones en sistemas de riego, infraestructura de producción y mecanización de cultivos. Por Dios señores, el agro no puede seguir siendo la cenicienta del presupuesto de inversión.
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