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Los productores del campo, dirigentes gremiales y consultores en financiamiento rural, sabemos de antemano que el crédito agropecuario o la financiación rural en Colombia, es un saludo a la bandera izada por una partía de burócratas. O ¿Cómo explicar que después de 30 años de haber sido creado el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario (Ley 16/1990), no hayamos sido capaces de financiar siquiera el 10% de los productores del campo.
De 231.000 operaciones de créditos realizadas en 1.991, pasamos a 414.000 operaciones de crédito en 2019, lo que representa un crecimiento de 6.357 operaciones por año. A este ritmo vamos a necesitar 92 años para cubrir siquiera un millón de productores.
Para empezar, y como lo dijo en su reciente columna el ex consejero presidencial, Carlos Enrique Moreno, aquí hay un problema de estructura organizacional que habrá que resolver en la legislatura del próximo gobierno. El órgano rector de este sistema de crédito -la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario-, está integrado en su mayoría, por personas que no tienen ningún rol con el sector agropecuario ni con el financiamiento rural.
Lo más grave del asunto, es que jamás asisten a las juntas donde se toman las decisiones de política de crédito y terminan delegando su responsabilidad en subalternos que nunca han calculado un flujo de caja de un proyecto agrícola, no distinguen entre una indexación de tasa en DTF o IBR y vinieron a conocer el algodón fue en los copitos Johnson & Johnson.
En cuanto al crédito rural, cuando uno revisa las estadísticas de Finagro, encuentra que existe una baja participación de la banca privada en la financiación del sector primario, en los medianos y pequeños productores. De los 18.6 billones de pesos que se han desembolsado en lo corrido del año a través de cartera sustitutiva, el 90% fue para grandes compañías, el 9% para pymes y sólo el 1% para pequeños productores.
Lo peor del cuento, es que, el 82% de esos recursos se concentraron en 10 ciudades capitales. Y tal como lo denunció el exconsejero presidencial en su columna, muchos de estos créditos fueron supuestamente desviados para financiar actividades prohibidas por la ley 16 de 1.990, como es la importación de alimentos.
El superintendente Financiero, Jorge Castaño, y el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, deberian abrir de oficio una investigación para determinar cuál fue el destino final de los recursos desembolsados entre el 2019 y 2021, a través de cartera sustitutiva y de redescuento, mediante las líneas de crédito “apoyo a la comercialización” y “normalización de pasivos”, no sea que se hayan desviados millonarios recursos de créditos de fomento o con tasa de interés subsidiada con dineros públicos, para financiar actividades que no tienen relación directa con la producción, transformación o comercialización de alimentos y materias primas agropecuarias nacionales.
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