En una columna denominada Salud: no retroceder, publicada por EL NUEVO DÍA en su edición dominical del 29 de julio de 2012, se hace una defensa del actual sistema de salud de Colombia, basada en el desprestigio de los sistemas de salud existentes con anterioridad a 1993 cuando se promulgó la Ley 100. El columnista Rudolf Hommes anota que “antes de 1993 el sistema era muy inequitativo: cubría 74.3 por ciento de las necesidades de atención médica de los ricos. En contraste, solamente el 16 por ciento de los más pobres accedía a servicios médicos (El Espectador, 20 de julio de 2012 p.16, Fernando Ruiz Gómez Universidad Javeriana)”. Se hubieran requerido las fuentes de estas cifras (artículos y publicaciones científicas) pues, para quienes hemos sido actores de la medicina clínica, la atención médica, la salud pública y los sistemas de salud nacionales e internacionales en los últimos 50 años, las cifras no parecen muy consistentes.  

    Si se toma como base 1960, por elegir un año (antes de la Ley 100), el país contaba con 15’938.714 habitantes; para este año la información estadística de salud no estaba en capacidad de identificar qué porcentaje de población de ricos accedía a la atención médica; esto porque la medicina privada no reportaba información estadística de pacientes, incluyendo muchas veces a las clínicas privadas, que tampoco informaban. No existían cruces estadísticos que permitieran medir nivel de ingreso de la población (ricos y pobres) y utilización de servicios de atención medica; si se acepta, en vía de discusión, que para ese año el 60 por ciento de la poblacion del país era pobre, 9’563.228 habitantes, y de ellos solo el 16 por ciento, 1’530.116, accedía a servicios médicos, quiere esto decir que 8’033.112 de personas pobres no tenían acceso a servicios médicos, quedando, por tanto, expuestos a la enfermedad y la muerte.

    La inconsistencia en la información del artículo: entre 1966 y 1970, cuando se consolida el Sistema Nacional de Salud, bajo la presidencia de Carlos Lleras Restrepo, y con la conducción del ministro de Salud, Antonio Ordóñez Plaja, se crean los Servicios Seccionales de Salud (Departamentales) y Colombia da un salto cuantitativo en sus indicadores de salud. Las tasas de mortalidad infantil descienden de niveles 60 y 70 por mil nacidos vivos a tasas inferiores a 30, que, aun siendo altas, eran un logro fundamental. Una simple reflexión bioestadística permite deducir que un grupo humano de ocho millones de personas sin servicios médicos y en condiciones de pobreza (absoluta y de indigencia) hubiera jalonado la mortalidad general al alza y en la década del 60 sucedió lo contrario; la mortalidad general descendió de tasas de 14 por mil habitantes a menos de 10. En otras palabras, según el articulista, el Estado colombiano de antes de 1993 condenaba a su población pobre a la enfermedad y la muerte y aun a los ricos, pues solamente el 74.3 por ciento podía acceder a un servicio médico; ni aun siendo rico, un 25.7 por ciento de la población adinerada del país podía acceder a un servicio médico.

    La distorsión de la información para defender el hundimiento de la Ley 100 no pareciera ser el camino indicado, como lo veremos en una próxima columna.