El golpe duro a la Registraduría

Este principio fundamental de la democracia, que garantiza la independencia y el equilibrio entre las distintas ramas del poder, se ha visto amenazado por decisiones y declaraciones que buscan concentrar, aún más, el poder en el Ejecutivo. 

Un caso emblemático, de esta soterrada y al tiempo explícita política de erosión institucional, es la reciente imputación de cargos por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en un año previo a las elecciones de 2026.

La SIC, bajo la dirección de Cielo Rusinque, ha imputado cargos a varios funcionarios de la Registraduría por presuntas irregularidades en la contratación de pasaportes. Aunque la superintendente defiende estas acciones como parte de sus competencias legales, la realidad es que esta intervención produjo un intenso debate sobre la legalidad y la motivación detrás de estas investigaciones. La Registraduría, entidad autónoma encargada de organizar y supervisar las elecciones, debe operar como una cuarta rama del poder público, además de la legislativa, la judicial y la ejecutiva, con total independencia para garantizar la libertad y justicia del proceso electoral.

La mayor gravedad de estas investigaciones está en el momento y la forma. A menos de dos años de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, cualquier acción que sea un intento de influir o desestabilizar a la Registraduría, cuyos procesos de contratación para las elecciones empiezan un año antes de los comicios, genera sospechas y desconfianza. La SIC, adscrita al Ministerio de Comercio, actúa por funciones delegadas del presidente de la República, lo que añade un potencial conflicto de intereses. La percepción de que el Ejecutivo está utilizando sus facultades para presionar a una entidad autónoma es muy grave porque además socava la confianza en el sistema electoral.

Ante esta situación, la Procuraduría General de la Nación, como órgano de control disciplinario, tiene un papel crucial que desempeñar para además probar su relevancia institucional. La procuradora Margarita Cabello advirtió con razón la posible ruptura de la separación de poderes en Colombia. 

Es fundamental que la Procuraduría actúe con celeridad, firmeza, transparencia para investigar cualquier irregularidad y garantizar que las acciones de la SIC se ajusten a la legalidad sin responder a intereses políticos autocráticos. La Procuraduría debe proteger la institucionalidad y velar por el respeto a la autonomía de la Registraduría.

Además, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales tienen la responsabilidad de mantenerse vigilantes, exigir transparencia y rendición de cuentas. La participación activa de la ciudadanía es esencial para preservar la democracia y evitar que se consoliden aventuras autoritarias. Las organizaciones de la sociedad civil deben promover el diálogo, la cooperación entre las distintas ramas del poder y denunciar cualquier intento de concentración de poder que ponga en riesgo la democracia.

La institucionalidad electoral también debe fortalecerse para resistir estos ataques. Es imperativo que las instituciones del Estado operen con independencia y se respeten los límites de sus competencias. La Corte Constitucional y la sociedad en conjunto debemos ser guardianes de la Constitución y garantizar que se mantenga el equilibrio de poderes. La defensa de la separación de poderes no es solo una cuestión legal, sino un compromiso con los valores democráticos que sustentan nuestra sociedad.

En conclusión, los ataques a la separación de poderes en Colombia representan una amenaza grave para la democracia. Las investigaciones de la SIC contra la Registraduría, en un contexto preelectoral, son una alerta temprana que debe ser analizada con detallado escrutinio. La Procuraduría, la institucionalidad y la sociedad civil tenemos un papel definitivo en la defensa de la autonomía de las instituciones y en la preservación de la democracia. Es momento de actuar sin titubeos, con toda firmeza y determinación para asegurar que Colombia siga siendo un país donde el poder se ejerza con responsabilidad y respeto a la Constitución.