El Estado colombiano, responsable de genocidio

Jue, 02/02/2023 - 06:00

Entre 1985 y 2002 se hicieron cientos de marchas en este país despidiendo directivos y militantes de un partido de reciente fundación: la Unión Patriótica. No se habían marchitado del todo las coronas sobre sus tumbas, cuando ya aparecía la noticia de un muerto más. El Centro Nacional de Memoria Histórica escribió en uno de sus textos: “Todo pasó frente a nuestros ojos. El Genocidio de la Unión Patriótica entre 1984 -2002 dejó por lo menos, 4.153 personas asesinadas, secuestradas o desaparecidas”. Entre tanto, la Jurisdicción Especial para La Paz, en un informe de 2022 habló de 5.733 asesinados, entre ellos dos candidatos a la presidencia: Jaime Pardo Leal (1986) y Bernardo Ossa Jaramillo (1996).

El macabro balance incluye: cinco congresistas, once diputados, ciento nueve concejales, ocho alcaldes y centenares de hombres y mujeres convencidos de la necesidad de fortalecer la participación política y de llevar al poder luchadores populares. La lista de los autores materiales (paramilitares, miembros del Ejército, Armada, Policía, Das y narcotraficantes) se ha ido conociendo y pocos han sido condenados. El Estado colombiano fue el principal cómplice y la justicia cohonestó con ello. Su objetivo, impedir la llegada de un partido de izquierda al poder.

Quienes fueron a los estrados judiciales recibieron la absolución de la Justicia Penal Militar. Sin embargo, algunos sobrevivientes denunciaron al Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos IDH), quien se acaba de pronunciar. En el fallo se considera que: “Existió una responsabilidad directa y una grave omisión para frenar los hechos que se iniciaron en el año 1984 y se extendieron por dos décadas”.

Esta es otra historia que demuestra la ineptitud de la justicia colombiana y abrió las puertas para que más adelante se repitieran las masacres, esta vez para reivindicar los pobres resultados de las fuerzas militares. Las movilizaciones de madres y familiares permitieron la denuncia mundial y las víctimas de los “falsos positivos”, adquirieron reconocimiento fuera de la su patria. Ahora, treinta años después, los sobrevivientes de la UP reciben un espaldarazo de un ente externo que condena al Estado a acciones de reparación y conmemoración.

El gobierno tiene dos años “para que continúe y concluya las investigaciones, determine las responsabilidades penales correspondientes y establezca la verdad”. Esta vez esperamos que se cumpla al pie de la letra este fallo, se logre resarcir el daño causado a miles de familias y se reviertan con sanciones reales, las penas a los autores intelectuales que todavía pelechan del erario, actúan en la política y fungen como “ciudadanos de bien”.

El Estado colombiano tiene un reto: hacer cumplir este fallo y sancionar a los culpables, sin importar su estatus socio – político, solo así se abren las brechas para alcanzar la paz.

LIBARDO VARGAS CELEMÍN