En los diversos medios de comunicación de la ciudad de Ibagué, se presentan semanalmente noticias relacionadas con personas que lograron o intentaron acabar con su vida. Aunque esto podría obedecer simplemente a que en los últimos años la prensa local ha dado mayor visibilidad a este fenómeno, las cifras recientes muestran que la tendencia de los suicidios consumados o los intentos fallidos es, en términos generales, creciente, lo cual debiera llamar la atención de las autoridades porque sin duda se está convirtiendo en un problema social de grandes proporciones.
En efecto, de un total de 23 casos de suicidio en el año 2009, pasamos a 30 casos en 2015, Además de los casos consumados de suicidio, llama la atención el considerable incremento de los intentos de suicidio. Entre 2009 y 2015 estos pasaron de 176 a 283, lo cual significa un incremento de 107 casos. En especial, los intentos adquieren una clara tendencia al alza a partir de 2011, lo cual muestra la dinámica reciente que ha tomado el fenómeno.
Es importante que partamos de que el suicidio es un fenómeno social, es decir que no está asociado solamente a cuadros clínicos individuales sino que existen componentes sociales que pueden ser desencadenantes de este tipo de atentados contra la vida propia. Factores socioeconómicos, afectivos e incluso culturales son ingredientes típicos del fenómeno, que van más allá de trastornos mentales.
Varios estudios muestran la relación entre los suicidios y el nivel educativo, el estrato socioeconómico, el rango de edad, entre otros factores desencadenantes.
No obstante, a pesar de la gravedad del asunto, parece que las autoridades han minimizado su importancia como problema público. Lo anterior se deduce a partir del mínimo desarrollo de una política de prevención del suicidio en Ibagué, que busque mitigar el impacto de esta problemática.
En agosto de 2008 se aprobó el acuerdo 0012 “por el cual se adopta la política pública de salud mental para el municipio de Ibagué y se dictan otras disposiciones”, la cual dedicó un pequeño apartado al fenómeno del suicidio y quedó como letra muerta pues no existió una reglamentación ni se contemplaron acciones precisas encaminadas a la atención del problema.
Bajo la administración del exalcalde Luis H. Rodríguez y como consecuencia de la presión de algunos concejales, se formuló un nuevo acuerdo, pero al igual que el anterior más allá de algunas acciones aisladas, no ha existido un estudio serio por parte de las administraciones locales para comprender y enfrentar este flagelo. La hipótesis simple que se deduce de estas experiencias es que no se ha comprendido la gravedad del problema ni ha existido voluntad política para combatirlo.
En este contexto, me ha llamado la atención que, dentro del marasmo de anuncios, programas e iniciativas de todo orden que ha liderado la actual administración del doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, no haya existido espacio para plantear cuáles van a ser las apuestas en materia de prevención del suicidio.
No se trata solamente de fortalecer la línea de atención psicológica o desarrollar campañas aisladas, sino de hacer una juiciosa caracterización del fenómeno en Ibagué: quiénes son los suicidas -potenciales y reales- indagar acerca de los principales motivos, el rango de edad, el nivel educativo y socioeconómico; es decir, investigar las causas sociales del fenómeno, de modo que se pueda tener una visión que supere el psicologismo que caracteriza a veces el diagnóstico de esta problemática y enfrentarlo como un fenómeno social. La ciudadanía espera que esta no sea una administración que, como las anteriores, hizo mutis por el foro sobre este asunto.
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