La Constitución Política de Colombia de 1991 es una clara demostración de que “las democracias verdaderas son las que tienen el poder de transformarse por la vías pacíficas, por la libre toma de conciencia del pueblo”.
Y esta oportunidad la tuvo Colombia el 11 de marzo de 1990, gracias a un joven profesional, quien  con su anhelo de cambio logró identificarse de manera clara y contundente con la realidad de Colombia: apostarle a una reforma constitucional. Esta fecha entonces es sinónimo de  la victoria de  una idea, de la idea de Fernando Carrillo Flórez: La séptima papeleta.

¡Ese fue el paso! La reforma de la Carta Magna dejo de ser un tabú. El promotor de la Séptima Papeleta propuso el camino y el Departamento del Tolima no dudó un ápice para caminarle a ese cambio, y el primer paso para ello lo dio un líder social y político de la época, Emilio Martínez Rosales, quien acaba de renunciar a la Asamblea como Diputado, para aspirar al Congreso de la República, comprendió que la juventud organizada como fuerza representativa es la única capaz de dar una alternativa de cambio dentro de la vida política, de  enfrentar las dificultades del momento y de asumir los retos futuros. Tan es así que convocó  a todos los jóvenes de la región e invitó al doctor Carrillo Flórez para apoyarlo exclusivamente a él  en el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, con un fundamento específico basado en la idea de la igualdad, pero conscientes de que la igualdad únicamente podrá lograrse cuando se aseguren las condiciones de vida dignas para el pueblo.

¿Qué paso luego? ¿Todos estos ideales se lograron? 

Esta fue entonces la oportunidad para que estos grupos abandonaran la lucha armada, a condición de participar, de manera activa, en la transformación de la sociedad por cauces institucionales. 

Con la Asamblea Nacional Constituyente surgió la Carta Magna de 1991 erigida sobre la figura del ciudadano: en la cual la participación, el respeto por los derechos fundamentales, la dignidad humana, la ampliación de la democracia, la búsqueda de la paz, los derechos políticos económicos y sociales, el fortalecimiento y relegitimación del Estado y del régimen político ganaron espacio.

La Constitución del 1991 estableció una serie de mecanismos judiciales e instituciones para su exigencia, tales como la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la acción de tutela y las acciones populares; los cuales son considerados realmente eficaces para la exigencia de los derechos frente al Estado y la administración pública.  Igualmente consagró una serie de instituciones y mecanismos para ampliar la representación política de las minorías y de las fuerzas distintas al bipartidismo tradicional, para reducir el clientelismo y la corrupción, y para aumentar el control ciudadano sobre la actividad del Estado. Además, reconoció los territorios indígenas como entidades político-administrativas del Estado, con sus dialectos como lenguas oficiales, y el derecho de los indígenas a gobernarse por autoridades propias, según costumbres y tradiciones. 

Estos, entre muchos otros derechos de igual significancia y valor, fueron proclamados el 4 de julio de 1991 como nuestra Constitución Política Colombiana. 

La Constitución Política de Colombia ha sufrido 38 reformas, algunas menores que no afectan el espíritu democrático y pluralista con que fue concebida; otras por el contrario  han amenazado con resquebrajar el equilibrio del poder, pero la intención del forjador de sueños; del promotor de la Séptima Papeleta; ex Constituyente; ex Ministro de Justicia  y hoy Ministro del Interior, la Cartera más compleja e importante del país, sigue incólume: sus postulados de igualdad y equidad siguen intactos en espera de la oportunidad de hacerse visibles dentro de las condiciones  de vida dignas del pueblo colombiano.