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Pero hay otra violencia conceptualizada por las Ciencias Sociales contemporáneas (Galtung, Gronow, Jansen), que también niega, suprime bienes y derechos (por ej. la vida o la salud por omisión de las EPS sin apuñalar al paciente) aunque de ella no se encargue la justicia penal, porque no corresponde a la categoría de delito. Es una modalidad de violencia sin sujeto ni objeto visibles, es latente, indirecta y por ello parece que no tuviera responsables, porque es silenciosa, estática y lamentablemente percibida como normal. Se trata de la violencia Estructural, producida y sostenida por una estructura socio-económica que limita, distribuye y priva de bienes y derechos de manera selectiva, que niega y reprime necesidades humanas; por ello las Ciencias Sociales la identifican con las injusticias sociales engendradas históricamente por políticas públicas, por ejercicio del poder. Es la violencia que desvanece la dignidad de quien la padece, repercute en la calidad y esperanza de vida de los pueblos, de los grupos sociales; frustra o niega el Desarrollo Humano, entendido por la ONU como el proceso que mejora las condiciones de vida proporcionando bienes que satisfacen las necesidades básicas (En este índice de Desarrollo Colombia ocupa el puesto 79 en el mundo; Noruega es el 1º y EE.UU. el 15º).
En esta época de pandemia la violencia estructural se ha incrementado, pero antes de este fenómeno epidemiológico ya Colombia aparecía muy mal posicionada: en nivel de desigualdad social, en inequidad, según el Banco Mundial nuestro país desde hace muchos años ocupa el 4º lugar en el mundo, después de Sudáfrica, Haití y Honduras, con modelos económicos similares al nuestro. Y según el Dane, los niveles de pobreza monetaria, entendida como falta de ingresos (despidos, bloqueo de actividades de rebusque, etc.), en los dos últimos años han aumentado, pasando de 34.7% a 35,7%; además, calculando los efectos de la pandemia, según la CEPAL la pobreza subirá al 14,3% en 2020, mientras en 2019 registraba 10,9%, y la pobreza extrema tendrá dos países protagonistas (similares en modelo económico y orientación política) en nuestro continente, Brasil y Colombia.
Finalmente, es necesario aclarar que frente a los tipos de violencia aquí señalados nuestra Constitución desautoriza a la justicia penal a intervenir prioritariamente, por ser ella subsidiaria, ordenando al Estado a que haga presencia primero con políticas públicas.
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