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En efecto, según el Programa Mundial de Alimentos y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, los sectores más vulnerables de la población colombiana están en el mismo nivel de inseguridad alimentaria (en riesgo su vida, no por ser atracados o asaltados, sino de morir de hambre o desnutrición) de otros países en el mundo como Somalia, Mozambique, Nigeria o Afganistán, o de vecinos como Honduras o Haití, para nada integrantes de la lista de “castro chavistas”.
Para la elaboración de la lista se hizo un seguimiento a cinco años de los progresos realizados en la erradicación del hambre y todas las formas de malnutrición; pero no se atribuye sólo a la actual pandemia el origen del problema, pues ya en 2020 padecían hambre entre 720 y 811 millones en el mundo, o sea, 161 millones más que en 2019: más bien se señalan entre sus causas a) el elevado costo de dietas saludables, o b) los altos niveles de desigualdad en los ingresos. Y frente a la rectificación solicitada por el gobierno, el Banco de alimentos de Colombia (Abaco) reconfirmó (02. 2022) que efectivamente en nuestro país 16 millones de colombianos viven con 2 o menos comidas al día, que 21 millones padecen de pobreza monetaria (331.000 pesos mensuales), que 7,4 millones viven en pobreza extrema (195.000 pesos mensuales), y así sucesivamente.
Para no quedarse solo en la crítica, los organismos internacionales señalados trazaron un verdadero programa de Política Social al gobierno colombiano para combatir la inseguridad alimentaria, inseguridad que a su vez funge de origen de la otra inseguridad, la que afrontan los bienes de quienes no acuden a la sustracción de los bienes de los demás (hurtos, extorsiones, fraudes, estafas, abusos de confianza, usurpaciones, etc.): a) Suministrar insumos agrícolas esenciales para la supervivencia de los animales y el mantenimiento de la producción de cultivos; b) Brindar asistencia técnica para la producción y conservación de alimentos para animales; c) Transferencias de efectivo a las personas más vulnerables en áreas rurales y urbanas, para mitigar el impacto de los incrementos esperados en los precios de los alimentos, y d) Apoyar a los migrantes venezolanos y las comunidades de acogida en las zonas rurales limítrofes, rehabilitando los sistemas de agua, estableciendo áreas para la producción rápida de alimentos, etc.
Pero en contraposición a lo anterior, el gobierno colombiano, a pesar de tantas críticas recibidas por su populismo punitivo reeditó la fórmula que venía aplicando en todo su mandato, mediante la expedición de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana en 2022: amenaza de pena para quienes atenten contra las “fuerzas del orden” con sus protestas y para quienes pretendan desconocer bienes ajenos para superar su “inseguridad alimentaria”.
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