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Utilizando la misma descalificación en gracia de discusión, nos resulta que en nuestro país son otros los “castro-chavistas”: Por ej., Colombia ha quedado muy mal parada ante la tentativa de desobedecer decisiones de organismos internacionales de justicia o derechos humanos, como cuando quiso desconocerse el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en 2012 por el pleito fronterizo con Nicaragua; también cuando nuestros gobernantes despotricaron contra la Corte IDH por haber concluido que la violencia policial fue excesiva en las protestas sociales de 20-21, o desacreditando el Informe de marzo 2022 de la Alta Comisionada de la ONU para los DH por el incremento de la violencia en zonas de altos niveles de desigualdad y con escasa presencia estatal; igualmente pidiendo rectificaciones a la FAO por incluir a Colombia entre los países de nivel de alerta más alto de padecer hambre aguda. ¿Será que se olvidan los que utilizan el calificativo de marras que nuestro país figura entre los más inequitativos del mundo, o que ocupamos el primer lugar en desplazamiento humano interno con 8,3 millones de desplazados?
También se acusa como “castro-chavista ” el apoderarse de los organismos de control, de no respetar los fallos de la justicia, etc. Pero, ¿en manos de quién se han concentrado en Colombia organismos de control como la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría, el Consejo Nacional Electoral, la Comisión de Acusaciones del Congreso, entre otras instituciones? Quienes manipulan el mencionado calificativo en nuestro medio, también han desafiado irrespetuosamente fallos de la Corte Suprema como en las condenas de sinnúmero de Ministros, de Congresistas, etc., o ante declaratorias de Estado de cosas inconstitucional en casos como el de las prisiones, de Colpensiones, de los desplazados, del incumplimiento del Acuerdo de paz, etc., o lo han hecho ante derrotas judiciales como frente al fallo de la Cadena perpetua, del Glifosato o últimamente el de la despenalización parcial del Aborto, amenazando con anteponer el Estado de Opinión (olvidando su favorabilidad ante la opinión pública) frente al Estado social de derecho, como si la Justicia tuviera la misma legitimación democrática del Ejecutivo y Legislativo y no fuera, en cambio, el poder contra mayoritario que debe controlarlos, y que está obligado a anteponer los derechos fundamentales (y el orden constitucional) como “cartas de triunfo” frente al poder de las mayorías. Sólo en países con autoritarismo el Tribunal Constitucional ha tenido que pedirles a los gobernantes que respeten el Estado de derecho.
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